Revisión de correos electrónicos en el trabajo

La reciente sentencia de la Corte Europea (TEDH) supone el reconocimiento a un grado importante de respeto a la intimidad del trabajador en los envíos o recepción de correos electrónicos desde el puesto de trabajo, en tiempos refractarios a una amplia protección de derechos bajo la premisa de una mayor seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esta victoria no es baladí, principalmente porque supone una revocación de la decisión de una sala inferior por parte de la Gran Sala que termina obligando a los empleadores a dar avisos más explícitos a sus empleados si se disponen a monitorizar el uso de la Red.

El caso en cuestión se refiere al despido de un ingeniero rumano por intercambiar mensajes con su novia desde una cuenta de correo oficial sobre su salud sexual (hace 10 años).

En una votación con una mayoría de 11 a seis, los jueces de la Gran Sala fallaron a favor del señor Bogdan, quien sostenía que su derecho a la vida privada no había sido suficientemente amparado por las cortes nacionales de Rumanía, alegando que su derecho a la intimidad había sido conculcado cuando el buzón de su cuenta profesional Yahoo, que contenía tanto comunicaciones privadas como profesionales, había sido examinado por la empresa.

Los jueces de Estrasburgo entendieron que las cortes rumanas no habían alcanzado en sus razonamientos el equilibrio entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho de la empresa de asegurar que se estaban cumpliendo los protocolos laborales.

El empleador no puede reducir la vida social privada en el lugar de trabajo a un cero absoluto, y debe seguir existiendo el respeto a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones si bien estas puedan ser restringidas en casos muy puntuales cuando sea estrictamente necesario.

Este asunto va a ser objeto de un análisis exhaustivo en las escuelas de Derecho, debido a que la extensión de las comunicaciones difumina las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral, y de aquí saldrán nuevos límites en las relaciones contractuales entre empresario y fuerza laboral.

La empresa había revisado los correos enviados a su hermano y prometida de una cuenta online que se le había pedido crear para fines laborales, siendo que las reglas de la empresa prohibían los correos privados desde sus servidores online.

En su defensa, el trabajador sostuvo que había cumplido con el protocolo de la empresa, lo cual se comprobó no era el caso, al encontrarse mensajes privados y profesionales por lo que fue desvinculado. En el proceso legal ante las cortes nacionales e internacionales, su defensa mantuvo que estos mensajes debían quedar protegidos al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto a la vida privada, familiar y al secreto de la correspondencia.

En una primera decisión, la Sala de Estrasburgo en una mayoría de 6 a uno otorgó la razón a la compañía, considerando que había actuado en su derecho bajo la impresión de que toda la información que se encontrara estaría vinculada al trabajo del empleado. Sin embargo, la sala superior anuló esta decisión sobre la base de que el empleado no había sido avisado con anterioridad.

La sentencia que cierra toda posibilidad de recurso, si bien concede la existencia de la violación del artículo 8 del Convenio, no otorga compensación al considerar que la mera declaración era una satisfacción justa y suficiente.

En suma, a través de estas sentencias se cumple el razonamiento de que los textos de derechos humanos son instrumentos vivos y deben ser interpretados acorde a los tiempos, pero también somos conscientes de que algunos textos llevan más de siete décadas con nosotros y requieren una actualización a través de protocolos, enmiendas o convenios específicos en razón de la complejidad de la sociedad internacional de nuestros días.

Prof. Dr Antonio Muñoz Aunión, académico investigador del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

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Desembolsos con sentido

En el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se indica que las asociaciones de consumidores “son organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores/as y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes lo soliciten, …”.

En el país su cantidad supera las 100, pudiendo acceder a recursos financieros del Estado, los que desde el 2010 ascienden a $2.345 millones, y que recientemente han sido causa de discusión, inquietud y expresiones en medios, ya que ante la potencial reforma al SERNAC, que incluiría también el aumento de estos fondos, se desconoce el impacto de algunas iniciativas que se desarrollan.

Quizás una de las grandes dudas que surgen en la ciudadanía respecto al uso de los recursos fiscales, ya sea por parte del mismo Estado, los entes que la conforman o las que reciben sus fondos, es si son usados adecuadamente.

En tal sentido, las palabras de W. Edwards Deming, promotor de la idea de la calidad total, “no se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”, deberían tornarse más valiosas en lo público y, por tanto, no debería bastar sólo con validar que: a) el desembolso sea efectivo, b) esté asociado a una actividad autorizada, y c) se encuentre debidamente respaldada, ya que en la relevancia de su naturaleza, debiesen encontrarse asociados a un objetivo que implique un efecto concreto, que mirado desde la concepción de estas organizaciones debería tener un alcance cuantitativo y/o cualitativo que se vincule directamente con el “beneficiario final”, pudiendo expresarse por ejemplo, en el número de defensas y su tasa de éxito, o bien, en el grado de satisfacción por estar informado y/o capacitado para dominar sus derechos, los que en un contexto de evaluación podrían ser rescatados, por ejemplo vía encuestas o entrevistas por un ente independiente, otorgando con ello la transparencia e imparcialidad que requiere el proceso.

Al finalizar, queda una interrogante: ¿habrán más recursos fiscales expuestos a una situación similar?

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Migración extranjera y capital humano estatal: el nuevo desafío político en Chile

shutterstock_612643388La reciente noticia sobre un brote de lepra en Chile, generó una polémica en las redes sociales en torno al papel de la población extranjera en la vida cotidiana del país. El hecho que la ministra de salud haya aclarado (http://www.latercera.com/noticia/lepra-chile-salud-confirma-casos-no-solo-corresponden-inmigrantes/) que los casos identificados no correspondan solo a extranjeros, no ha despejado las suspicacias que despiertan los migrantes latinoamericanos y caribeños en parte de la opinión ciudadana del país.

Lo que llama la atención de esta desconfianza hacia los inmigrantes, es que esta conducta no coincide con la historia social y cultural del país. Si exceptuamos el relevante período prehispano y colonial de Chile, la migración extranjera fue un fenómeno habitual en el país desde el siglo XIX. Personas provenientes de Hispanoamérica, Europa y Asia llegaron a estas tierras desde la independencia, hasta años posteriores a la segunda guerra mundial. Si pensamos en el aporte cultural generado por esta migración al país, nos encontramos con una diversidad de hechos ligados tanto a la política, la educación y la economía. Conocido es el papel del debate generado entre el venezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento en torno a la política educacional que se debía generar en Chile. Otros extranjeros cumplieron un papel fundamental en la misma independencia del país (José de San Martín, Manuel Blanco Encalada, Thomas Alexander Cochrane). Posteriormente, población inglesa, francesa, española, alemana y asiática arribaron al territorio, realizando su aporte cultural a las distintas dimensiones del estilo de vida nacional.

No obstante, desde el fin de la Guerra Fría y el proceso de globalización, se han generado nuevos desafíos políticos a Chile, como a los demás estados nacionales. La primera de ellas tiene que ver con la misma idea de “nacionalidad”. Con la tercera revolución industrial y el fin del mundo bipolar, nos encontramos con un escenario global donde el flujo de mercancías va acompañado a un movimiento equivalente de personas. El problema del “Estado fallido” en distintas latitudes, se convierte en una importante fuerza motriz para que diversas colectividades sean desplazadas de sus territorios originales, migrando a países con mejores oportunidades para existir. A esto se le suma el conflicto internacional generado entre los estados metropolitanos y entidades políticas no occidentales, fenómeno que Samuel Huntington conceptuó en su momento como “Choque de civilizaciones”. Independiente de la opinión que nos merezca esta idea, la diversidad de conflictos que se generan en el mundo por religión, etnicidad o cultura, ha despertado el temor de los ciudadanos de Occidente porque su estilo de vida sea amenazado.

En el caso de Chile, nos atrevemos a pensar que la actual migración Jaime González 1extranjera constituye un falso problema. La historia cultural del país nos informa que el flujo de personas de otras naciones y continentes al territorio nacional ha significado históricamente más un aporte que una dificultad. Sin embargo, no podemos ignorar el nuevo escenario de convulsión internacional, generado por la crisis del Estado nación y del cambio de la matriz productiva de la economía mundial. Por lo mismo, resulta necesario considerar los aciertos políticos del pasado y contemplar los cambios necesarios que nos exige el presente.

 Pensando en base a los aciertos pasados y las exigencias presentes de Chile ¿cuál es el actual desafío político que debe abordar el país? Consideramos que la respuesta se encuentra en un capital humano idóneo que, desde la estructura administrativa y gerencial del Estado, genere las políticas públicas adecuadas para la gestión de personas dentro del territorio nacional. Profundizaremos más en el argumento, contemplando el pasado y el presente de Chile. Durante el siglo XIX, el Estado chileno surgió y se desarrolló en un contexto de diversidad cultural. El pasado prehispano y colonial del país dejó como herencia una diversidad de lenguas, creencias y culturas a lo largo y ancho de Chile. Sin embargo, el proyecto político nacional prescribió la formación de una colectividad cultural homogénea. Este hecho llevó a que el Estado chileno implementara una serie de políticas encauzadas en esa línea, en el terreno educacional y militar, que lograron cristalizar sólidamente en los primeros tres lustros del siglo XX. Independiente de la valoración que podamos hacer a esta acción política, el hecho es que la diversidad lingüística y cultural del país al momento de la independencia, más la migración extranjera ya mencionada, no implicó una dificultad insalvable para la construcción de país.

En la actualidad, Chile enfrenta un escenario económico y político diferente al pasado. Sin embargo, el siglo anterior proporciona herramientas útiles para abordar el desafío de la interculturalidad presente. En este sentido, sabemos de países como México, que enfrentaron este fenómeno a través de un equipo de expertos en antropología. Estos profesionales, diseñaron e implementaron políticas públicas, que permitieron la construcción de nación en esa comunidad política. Si bien la problemática mexicana presentó orígenes diferentes, y sus políticas se implementaron en la pasada centuria, el desafío que enfrentaron presenta elementos semejantes con la actualidad. Este caso nos podría servir de ejemplo sobre el tipo de capital humano que deberá necesitar el Estado chileno en el presente y en el futuro.

Hoy en día, en que se discute sólidamente sobre el papel de la interculturalidad, el Estado debe disponer de la preparación suficiente para diseñar y gestionar políticas de diversidad cultural. Para ello, nuestras universidades deberán generar los ajustes curriculares necesarios para formar este personal idóneo. La actual problemática indígena en Chile, da cuenta de las dificultades que se han generado en este terreno, por la falta de un personal adecuado para establecer el diálogo entre culturas y la formación de políticas públicas hacia estas colectividades. Solo la formación de un capital humano idóneo, fundado en el terreno de las ciencias sociales, más la voluntad política para ello, podrá alejar de Chile los serios conflictos políticos que está acarreando este hecho en otras latitudes del mundo.

Jaime A. González G., Investigador CEGES, Universidad Autónoma de Chile.

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Nueva reforma al sistema de pensiones en Chile

shutterstock_371388550En consideración que el gobierno anunció el ingreso al Congreso Nacional de un nuevo proyecto de ley de reforma al Sistema de Pensiones en Chile. Es necesario recordar que el actual sistema prometía en su origen (Decreto Ley 3.500 de 1980) una tasa de reemplazo del 70%, en consideración de ciertos supuestos a mencionar; una cotización continua durante la vida laboral (40 años), una edad de jubilación de 65 años los hombres y 60 años las mujeres, y expectativas de vida que no superaban los 70 años.   Todos estos supuestos evidenciaron en el tiempo ser muy alejados de la realidad.  Se observa que el sistema presenta muchos períodos sin el aporte individual debido, con gran intermitencia y variabilidad en los montos enterados al fondo de capitalización individual.  Hay una incorporación tardía de la personas al sistema previsional, ya sea por la demora en encontrar en puesto de trabajo o por realizar inicialmente un trabajo de manera informal, lo que no revierte la obligatoriedad del aporte previsional.  Finalmente, las expectativas de vida han aumentado notablemente en Chile, estimándose  actualmente una esperanza de vida de 84 años para las mujeres y de 80 años para los hombres.  Todo esto ha llevado a que el sistema de pensiones no haya cumplido su promesa inicial de 70% de tasa de reemplazo, evidenciando, en promedio, una tasa menor al 40%.

Guillermo Riquelme2No obstante las mejoras incorporadas en el 2008 con la Ley N° 20.255 que reformó en forma sustantiva el sistema de pensiones, en particular, con la creación de la pensión mínima básica garantizada por el Estado, el sistema sigue estando en crisis por las bajas pensiones otorgadas a la gran mayoría de los jubilados, las que no superan, en promedio,  los $212.000 mensuales, muy por debajo del salario mínimo en Chile, que a partir del 1 de julio de este año alcanzó los $270.000. Además, existe un creciente rechazo por parte de la ciudadanía a la administración privada de los fondos de pensiones, endosándosele la culpabilidad de las bajas jubilaciones al enriquecimiento del empresariado, demandando por ello a que el Estado se haga cargo del sistema. De hecho nace en el año 2013 el movimiento ciudadano denominado “No + AFP”  que promueve un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado.    No obstante, el sistema de reparto rápidamente fue descartado por el gobierno, ya que el número de personas activas en Chile, que deberían sostener este sistema de reparto, está cayendo fuertemente. Por el contrario, se estima que en un plazo de entre 20 a 30 años, la población pasiva superaría a la población activa. “Mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente”. Por lo que queda solamente la posibilidad de mejorar el actual sistema, generando una mixtura de aporte de cotización entre Estado, Afiliado y Empleador, además de fortalecer el pilar solidario.

Dr. Guillermo Riquelme Silva, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES). U. Autónoma de Chile en Talca.

 

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¿Tiene la nieve la culpa en el corte del suministro de electricidad?

El Decreto Supremo Nº 307 del año 1998 que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Electricos señala una serie de obligaciones a las empresas encargadas de suministrar electricidad. El artículo 145 establece que dichos proveedores “deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida..” A su vez el artículo 205 del mismo reglamento impone el “deber a los operadores encargados de la distribución de mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas sean de generación, transporte o distribución, para evitar así peligro para las personas o daños en las cosas”. Por último, el artículo 214 señala que los operadores de instalaciones electricas “deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, imponiendo incluso la obligación de concurrir con personal calificado en un plazo inferior a dos horas desde que los operadores tomen conocimiento de la falla”.

Revisada esta normativa parece claro que las demandas colectivas que se están presentando durantes estos días, tanto por parte del SERNAC como de Asociaciones de Consumidores o por grupos mayores a 50 consumidores, debiesen ser acogidas. No obstante, es necesario precisar qué obligaciones han incumplido realmente los operadores de suministro electrico y si concurre en este evento un caso fortuito o de fuerza mayor (en nuestro Derecho son sinónimos)

El primer punto que se debe abordar para dilucidar lo anterior, es si el incumplimiento es imputable a las empresas de servicios eléctricos o, por el contrario, no serían responsables por entender que el corte de suministro no le es imputable por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

El Código Civil en su artículo 45 señala que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” El Ministro de Energia ha sostenido por su parte que la nieve caída en Santiago el pasado 15 de julio no constituye una causal de fuerza mayor. Para determinar su existencia deberán los tribunales valorar el hecho de la naturaleza y si éste era posible de preveer, de resistir y si era ajeno por quien debía cumplir con su obligación.

Es posible que nuestros tribunales consideren que la nieve caída sí constituye un hecho de la naturaleza que no era previsible ni capaz de ser resistido, entendiendo de esta manera que la obligación de no entregar suministro eléctrico de forma continua e ininterrumpida no era imputable a las empresas y, por ende, no le cabría responsabilidad a éstas.

Sin embargo, el prolongado corte si puede ser de responsabilidad de las empresas, ya que no se cumpliría con el tercer requisito de la fuerza mayor, es decir que sea “ajeno” o “exterior” al deudor. Esto sería así, ya que como se señaló en el principio de esta columna, los operadores deben mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas, sean de generación, transporte o distribución, para evitar el peligro para las personas o daños en las cosas. Esta obligación al parecer si fue claramente incumplida por los proveedores, y no sólo el pasado 15 de julio, sino que también incumplieron las obligaciones que le impone el artículo 145 en el mes de junio, produciéndose cortes del suministro eléctrico debido a las fuertes lluvias que se produjeron en Santiago y en la región del Maule.

Los hechos además demostraron que se incumplio el artículo 214 del reglamento, dado que no contaban con el personal de emergencia suficiente que les permitiera concurrir en el breve plazo impuesto por la ley para reponer el suministro interrumpido.

Las empresas intentarán defenderse sostiendo que sí existio fuerza mayor y así eximirse de responsabilidad por no entregar suministro de forma continua e ininterrumpida. Pero se debe tener en cuenta que existían una serie de obligaciones que la ley les impone, y que en caso de cumplirse hubieran evitado las más de 72 horas de interrupción del suministro que vivieron cientos de miles de santiaguinos.

Dr. Sebastián Bozzo H.

En definitiva, no podrán eximirse alegando caso fortuito o fuerza mayor, ya que estuvo en sus manos cumplir con las otras dos obligaciones que les impone el reglamento, que es realizar un trabajo de mantención que evite poner en riesgo a las personas, y además contar con el personal suficiente que pemita asistir a la población frente a estos fenómenos. Por lo tanto, se cae el tercer elemento que debe reunir el caso fortuito, esto es, el carácter “exterior” que debe tener el mismo, y este es tal cuando el hecho es ajeno al deudor o, en otras palabras, cada vez que el suceso o sus consecuencias perjudiciales no derivan de su hecho o culpa.

 

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Director Centro Regulación y Consumo, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile

 

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Acreencias bancarias

Revisando la lista de “Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad” recientemente preparada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF), no encontré alguna sorpresa monetaria en el documento.

Las Acreencias Bancarias, conforme el artículo 156 de la Ley General de Bancos señala en lo medular que “surgen al amparo de la caducidad de depósitos, captaciones o cualquier acreencia a favor de terceros derivadas de su giro financiero, comprendidas expresamente las provenientes de dividendos pagados a sus accionistas”, y que “trascurridos dos años desde que la cuenta respectiva no haya tenido movimiento o no haya sido cobrada por el titular, la institución financiera formará una lista en el mes de enero siguiente…”, de la que “podrán omitirse las acreencias inferiores al equivalente de una unidad de fomento”. Asimismo, el artículo señala que después de tres años de la conformación de la lista, la acreencia caducará, perdiendo el titular los derechos, y los valores deberán ser enterados en la Tesorería Regional o Provincial que corresponda.

Al respecto, cuando se toma comprensión de este concepto financiero y de la información cuantitativa aportada por la SBIF, sorprende, primero la alta cifra monetaria, pues exceden los $50 mil millones, y segundo, el alto número de acreencias, las que totalizan 91.212, configurando un valor monetario promedio por acreencia de $548.173, lo que no representa un valor para despreciar.

mauricio andrés burgos navarreteAl reflexionar por qué se llega esta situación, la que seguro podría responder a algo como “descuido”, “relajo”, descontrol, fallecimiento, u otro, lo que se marca esencialmente es una falencia en la gestión de las finanzas, especialmente con algo tan relevante y necesario con el dinero, como es su control, y a lo que se puede agregar en este panorama que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pues alguien debe estar sonriendo con esta indisciplina financiera.

A propósito: ¿usted no estará en la lista para recuperar su acreencia? Tic, tac; el tiempo corre.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Vencer la fuerza de las creencias

Por mucho tiempo hemos estado habituados a los llamados triunfos morales, esa condición que nos habla del “casi”. Casi fuimos campeones, casi ganamos el partido, pero nunca un logro real, contundente y absoluto.

Estas experiencias llevadas al fútbol siempre fueron confirmando que el triunfo es sólo para algunos, aquellos bien dotados, mejor preparados o con alguna suerte de protección de algún ángel o divinidad. Pero de un tiempo a esta parte parece ser que lograr lo imposible es posible. Que la voluntad, la perseverancia, la disciplina y, sobre todo, la constancia a toda prueba, son sin duda la llave del éxito.

No sólo en el fútbol, sino en cualquier campo de actividad que deseemos emprender, el triunfo no es la suerte, no es la protección de alguna divinidad o del amuleto, es algo más simple que eso. Es la convicción más absoluta de que yo puedo, de que nosotros podemos, independiente de cualquier condición.

Nos pone frente a la inevitable confrontación de nuestras creencias que se transforman en habitantes permanentes de nuestro hogar interior y que nos dicen una y otra vez que para ser exitoso hay que tener ciertas condiciones, como si acaso ya no las tuviéramos. El triunfo de esta selección frente a equipos y rivales extraordinarios nos muestra que nada es imposible y que el único enemigo que nos tiene cautivo es lo que finalmente creemos de nosotros mismos, fantasma que ronda alrededor nuestro.

Victor Cabrera - Psicologia

El triunfo de este equipo no sólo muestra sus cualidades individuales de cada integrante, sino que también una férrea unión y convicción colectiva de que todo es posible, de que nada nos va a vencer, como si ello fuera un mantra que da fuerza, ímpetu y, sobre todo, una irrefrenable valentía de ser.

Vamos Chile que se puede, esa es la consigna.

Magíster Víctor Cabrera, docente Clínica Psicológica. U. Autónoma de Chile, Santiago.

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El Ahorro Previsional Voluntario

El Ahorro Previsional Voluntario (APV), teóricamente, es una alternativa de ahorro para todo tipo de persona que genera ingresos, ya sea en forma dependiente (con empleador) o independiente (sin empleador). Es denominado “Previsional y Voluntario” porque, por un lado, la administración del ahorro está asociada a alguna institución previsional, principalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aunque también gestionan este tipo de ahorros las compañías de seguros y administradoras de fondos mutuos (entre otras instituciones financieras)  y, por otro, es voluntario debido a que no corresponde a una exigencia legal previsional, sino más bien a un nuevo instrumento de ahorro personal disponible en el mercado financiero.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el APV fue creado finalmente para mejorar las pensiones de los jubilados en Chile, dado el bajo nivel de pensiones que evidencia el actual sistema de AFP. Por lo que también se asocia a una política pública que, por un lado, incentiva el incremento del ahorro previsional y, por otro, desincentiva al retiro de los fondos ahorrados voluntariamente. Para tal efecto, la autoridad ha dispuesto de dos modalidades tributarias: a) Pagar los impuestos correspondientes a su renta imponible tributaria aun cuando exista APV y b) No pagar los impuestos al hacer el ahorro en el APV.

En el primer caso, el contribuyente tiene el beneficio de no tributar por este ahorro al momento de retirar los fondos, sólo lo hará por la eventual rentabilidad obtenida. Además, tiene un beneficio adicional de un bono fiscal equivalente al 15% del APV.  En cambio, para el segundo caso, el contribuyente puede rebajar inmediatamente de su base imponible tributaria el monto ahorrado en el APV, sin embargo, al momento de retirar los fondos deberá pagar los impuestos correspondientes. Con esto queda muy claro que se genera un beneficio tributario sólo en el caso que el ahorro voluntario se destine finalmente para aumentar la jubilación, en caso contrario, si los fondos se retiran para otros usos se deberá pagar de una y otra forma los impuestos respectivos.

Si bien es valorable contar con una nueva opción de ahorro y adicionalmente un incentivo tributario, es paradójico que, a pesar de ser parte de una política pública, el APV sea realmente significativo sólo para la población de mayores ingresos del país, ya que son ellos finalmente quienes tienen la opción de realizar un importante ahorro previsional voluntario y además pueden hacer efectiva la rebaja tributaria a su elevada base imponible.

Guillermo Riquelme2

Muy por el contrario, para la población de menores ingresos, con remuneraciones imponibles por debajo de los $600.000 (57% de los trabajadores que imponen en el país, según la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2017), el ahorro voluntario, evidentemente, no es una posibilidad. Y aunque hicieran el esfuerzo de ahorrar voluntariamente, tampoco se podría hacer efectiva la rebaja tributaria, ya que para ello se requiere estar en un tramo de renta que este afecto al impuesto único de primera categoría, lo que actualmente implica tener una renta imponible por sobre los $624.000.

Dr. Guillermo Riquelme Silva, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social  (CEGES). U. Autónoma de Chile – Talca

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El liderazgo no tiene género

Sin ser feminista, creo en la pluralidad y diversidad, más allá de la igualdad jurídica homogeneizante que no rescata aquella riqueza de lo múltiple y excepcional. Por lo mismo, veo con horror como, últimamente, los esfuerzos de las sufragistas (1935-1949) por encontrar su propia zona política de demanda y responsabilidad constitucional en este país, aún enfrentan subyugación y retardo.

Si bien, el fenómeno es global, en Chile las lideresas políticas tienen baja representación como votantes y en puestos de alta dirección, tanto de la administración pública, como del sector privado o la academia. Sin con eso querer tocar, siquiera, el tema de las remuneraciones.

Lejos están de conseguir paridad en el poder legislativo, alcanzando un exiguo casi 16%, mientras que en la zona municipal menos del 13% logran alcaldías y cerca del 25% concejalías, lo que podría mejorar con la Reforma al Sistema Electoral y cuotas de género.

Esto es pernicioso pues minimiza el potencial de las lideresas para aportar, efectivamente, al desarrollo del país, mediante un ampliado ejercicio de gobernanzas asentadas en Políticas de Reconocimiento, que por su ausencia han dado paso a discursos, acciones y arquetipos que agravian su realidad de mujeres. Si bien, existen esfuerzos como “el llamado a la paridad y equidad total de aquí a 2030”, citado en el encuentro “Mujeres y Poder: Construyendo un Mundo Diferente- 2015“, sobre acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial Beijing, China – 1995, la tarea aún es ardua.

Talca-Director Trabajo Social- Víctor Yañez Pereira (web)

Quizá, debamos recuperar ese poder revalorando lo micro-social, cotidiano y territorial, donde las organizaciones vivas y sus redes de cooperación son promovidas por el pensamiento, la voluntad y el juicio femenino. Donde la política elitista no llega, pero el poder de las lideresas se deja sentir intensamente, en sus firmes convicciones por construir barrialidades más seguras, solidarias y comprometidas, distribuyendo formas de participación ciudadana encaminadas hacia el bienestar integral, reivindicando derechos, así como incluyendo y respetando la diversidad, pues entienden que el liderazgo exige concertación y no concentración del poder de decidir. Tal vez allí radica el puente  para incidir en las agendas regionales e incluso nacionales del desarrollo público-privado con equidad de género.

Mg. Víctor Yáñez Pereira, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades – Director CEGES, Maule – Universidad Autónoma de Chile

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Terror digital

No cabe duda que en estos últimos días hemos sumado una nueva palabra en nuestro vocabulario. Un vocablo, el cual en periodo previo quizás no atendimos, si es que se nos llegó a cruzar por nuestro camino. ¿Cuál es? Ransomware.

Los últimos días han sido tensos: cuidados con la red de la empresa, restricción de acceso a algunas páginas masivas, evitar efectuar transferencias electrónicas, no acceder a páginas de correos personales desde la red de la empresa, y otras medidas. ¿Todo ello para qué? Para evitar ser uno de los afectados por el virus WannaCry (quieres llorar), el cual secuestra equipos computacionales, se propaga en su contagio, y  para poder recuperarlos, hay que pagar un rescate.

Los orígenes de la vulnerabilidad explotada y el virus, conforme algunas publicaciones, habría surgido de un hecho bien especial, un fallo de un órgano de seguridad del gran país del norte, y cuyos alcances no han sido menores, involucrando unos 150 países, y al menos unos 200.000 computadores afectados.

Nuestro país, si bien no muestra los síntomas de una epidemia, debemos entender que eso es porque efectivamente no lo ha sido, o bien porque hay un tema de recelo en querer reconocer, informar y comunicar que hemos sido afectados.

mauricio andrés burgos navarrete

Uno no es un perito en seguridad, pero deberíamos asimilar en nuestro diario quehacer algunas prácticas que tiendan a evitar riesgos, y en ello, algunos consejos: disponer, utilizar y actualizar software de seguridad en equipos; actualizar sistemas operativos; evitar acceder a sitios web de dudosa seguridad y bajar apps “extrañas”; evitar emails, archivos y redes wifi de insegura calidad.

Un experto en el tema señaló: “cuando pasa algo es cuando se toman medidas con un daño de por medio”. A lo que habría que agregar que ese daño, a veces no es posible reparar, y con ello probablemente consecuencias monetarias y no monetarias. Por ello, como señala un refrán: prevenir, es mejor que curar. Lo débil del decir, es que algunas veces no hay cura. No nos expongamos a eso.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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