Trabajo, tecnología y utopía

El filósofo y sociólogo norteamericano Lewis Munford, señala en su texto: “Historia de las utopías” que el hombre habita dos mundos, la utopía (buen lugar o no lugar) es uno de ellos. Es esa capacidad de imaginar el mundo la que nos hace humanos afirma el autor, así sólo cuando se abre una brecha entre el mundo cotidiano y el de la utopía reparamos en nuestra voluntad de imaginar y percibimos a la utopía como una realidad separada. Menciono esto a propósito de la imagen de uno de los candidatos presidenciales que  indicó el riesgo de la robotización y la posibilidad que  estos “seres” automatizados nos despojen de nuestras actividades cotidianas. La imagen de los robots suplantándonos en nuestros trabajos, y quizás en otros aspectos de la vida –la cual parecer más una “distopía” por su cariz negativo- me hizo recordar una imagen muy frecuente de la década de los noventa, la que vinculaba también trabajo y tecnología, el “trabajo online”.

Recuerdo que éste era presentado por algunos agoreros como una gran revolución, que no sólo iba a afectar la producción y la productividad sino también transformaría (para bien) nuestras vidas. Así, muchas personas ya no deberían trasladarse al trabajo utilizando, sobre todos aquellos de las grandes ciudades, parte de su día en extensos y agotadores traslados;  muchos otros podrían compatibilizar su vida laboral y familiar, debido a que no deberían abandonar sus hogares para trabajar; la gran mayoría ya no estaría cautivo de esa arcaica práctica de marcar su ingreso y salida del lugar de trabajo -la cual finalmente no asegura que uno trabaje sino sólo que se encuentra en el lugar del trabajo-, ya que ahora lo importante sería la labor que uno realiza y no donde la realiza. Toda una utopía.

Es innegable que internet ha facilitado y mejorado la productividad de múltiples faenas, especialmente aquellos de mayor calificación.  La red  pasó a formar  parte de la vida laboral de la mayoría de los chilenos, pero esto se encuentra lejos de la imagen idílica de los noventa. Seguimos dirigiéndonos a nuestros lugares de trabajo en traslados que emplean gran parte de nuestro día, no se puede negar que Internet ha ayudado a distraernos durante estos trayectos. Por su parte, nuestro horario laboral hace bastante difícil la vida familiar, sin lugar a dudas la web ha permitido mantener a la familia conectada durante esta jornada. Pero, así como internet entrega la posibilidad de mantenerse comunicado con la familia y amigos durante la jornada laboral, también ha permitido mantenerse trabajando durante nuestros horarios “libres”.

Creo que no pocas personas se han visto enfrentadas a mensajes electrónicos de carácter profesional fuera de la jornada de trabajo, e impelidos a contestar esos mensajes bajo el riesgo de ser considerado “poco comprometido” con sus labores; cuestión que por supuesto nadie quiere. Sólo un ejemplo, en Francia el año 2014 se acordó una normativa que prohibía a empleadores enviar correos electrónicos a sus empleados fuera de horario laboral, a riesgo de una sanción. A pesar de la dificultad de implementar esta normativa, el caso francés nos permite observar dos cosas.  1- Que está realidad no es exclusiva de Chile y; 2- Que en nuestro país no se ha hecho nada al respecto. Aquí es donde se abre la brecha entre utopía y “realidad”.

Hace no mucho tiempo una de nuestras representantes puso en discusión el tema de la “jornada laboral”.  Debate interesante si consideramos que Chile es uno de los países de la OCDE -naciones con las cuales nos gusta compararnos- donde la jornada es más extensa. Tal vez deberíamos aprovechar esta oportunidad para discutir no sólo la duración de esta jornada  sino también su sentido en la sociedad actual. Creo que nadie podría señalar hoy por hoy que el fin de la jornada laboral hace referencia sólo al abandono de nuestros lugares de trabajo, sino que, principalmente, a dejar de realizar las tareas que denominamos como trabajo.

La preocupación por la posible pérdida de puestos de laborales producto de la robotización es una discusión que debemos tener, quizás ahora es el momento. Como toda nueva técnica, la producción controlada por robots entraña un riesgo, pero a su vez podría convertirse en una posibilidad. Posibilidad por ejemplo, de dedicar parte de nuestra jornada a la vida familiar, asociativa, a actividades deportivas,  a la entretención o el ocio; cuestión que los países centrales efectúan hace ya bastante tiempo. Lo anterior, quizás bajaría en algo los niveles de stress de nuestra sociedad. El imaginar cómo queremos que sea nuestro futuro es parte de su construcción. Sin embargo,  así como debemos discutir este tema, con más premura deberíamos reflexionar sobre ¿qué se considera trabajo en la sociedad actual y cuáles son sus características? Pues entre otras cosas, el “trabajo online” llegó pero no como soñábamos.

Dr. Felipe Tello, investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la Universidad Autónoma de Chile – sede Talca

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Migración extranjera, desigualdad territorial e información

El número de inmigrantes en Chile se eleva visiblemente. Según estimaciones, existirían alrededor de 465 mil personas inmigrantes en Chile –datos CASEN 2015 -. Por su parte, el número de visas de permanencia para el año 2016 se incrementó considerablemente en relación al año anterior, llegando a 53.622 –datos del Departamento de Inmigración y Extranjería-. Es un hecho que el proceso de migración extranjera se ha desarrollado de manera desigual, con una gran concentración en el norte y la capital del país. Más allá de esta apreciación, existe escasa información sobre la distribución espacial de los migrantes extranjeros en Chile, y su impacto en los territorios.  Sólo un dato: en la región del Maule el 48,9% de los migrantes se concentra en la provincia de Talca –datos del Departamento de Inmigración y Extranjería-.

La migración humana de un hábitat a otro genera una diversidad de efectos en las áreas geográficas receptoras. Estos cambios se aprecian quizás de manera más evidente en el terreno de la actividad económica. La inmigración implica el traslado de un “estilo” de trabajar. Por su parte, en el terreno del capital humano de un país y su relación al mercado del trabajo, el impacto de la migración extranjera puede ser variable, puede conducir desde una mejora en la calidad de los recursos humanos disponibles en una economía regional, hasta procesos de desigualdad social producto de las diferenciales de capital académico entre personal nacional y extranjero. En el caso de los migrantes extranjeros de la provincia de Talca, los datos oficiales señalan, por ejemplo, que la mayor parte de ellos posee educación universitaria.

Si consideramos el problema de generar un buen estilo de vida para la totalidad de la población regional, no podemos obviar el impacto político que tiene el tema de la migración. En este sentido, resulta necesario pensar en políticas públicas que apunten a gestionar la interculturalidad de facto que se vive cotidianamente en la región, provincias y ciudades del Maule. El primer paso para ello es contar con información veraz y oportuna. En esto, el gobierno regional, como los gobiernos provinciales y las municipalidades tienen un rol relevante que jugar.

Dr. Felipe Tello y Mg. Jaime González, investigadores del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la Universidad Autónoma de Chile – sede Talca

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El imperativo de la formación universitaria es la calidad

Ya desde la ética kantiana nos encontramos con una deontología que, mediante imperativos, guía el deber ser moderno occidental. Desde ahí, la responsabilidad para con la calidad no podría asumirse como hipótesis, sino como un fin de carácter universal y necesario en la educación, impulsando a los universitarios a prepararse no sólo para el “mundo del trabajo” sino, ante todo, como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su país. Ser profesional sería, también, ser capaz de contestar a las transformaciones económico-productivas, sociopolíticas, culturales y científico-tecnológicas de una era dominada por las comunicaciones, la información y el conocimiento globalizado.

No olvidemos que las carreras no son áreas de acopio o cautiverio de cardúmenes, son espacios de construcción del conocimiento para la acción, donde se cultiva el potencial humano de los estudiantes, sin atraparlos en el déficit, la carencia o la insuficiencia. Deben aceptarse como protagonistas y no como fiduciarios de un modelo de educación impositivo o mono-causal, reconociendo en ellos atributos de excepcionalidad, diversidad y pluralidad, para que se hagan responsables de todo cuanto la sociedad ha hecho con y de ellos, legitimando el cómo se comprometen con su propia existencia y con lo social.

Eso, conlleva un adeudo para con los derechos y deberes de quienes estudian, sin sujetamiento a un patrón clientelar de transacción, adquisición o consumo de servicios. La educación potencia agentes reflexivos y reales, destacando la riqueza del pensamiento, la argumentación y la capacidad deliberativa de los estudiantes, en tanto atributos socio-ético-políticos donde las institucionalidades universitarias incentivan y modelan autonomías con autenticidad creadora y recreadora en sus modos de ser, pensar, estar y hacer lo público.

La ruta de la calidad nos ha de llevar a democratizar los procesos de aprendizaje, adquisición y generación de conocimiento, comprensión y diálogo sobre lo que los países han sido, son y pueden llegar a ser, rompiendo el constructo “discípulo-maestro” para generar nuevas relaciones de saber-poder, enlazando visones disciplinares con perspectivas científicas, políticas, civiles, económicas, culturales, institucionales, etc.,  problematizándolas y gestando propuestas que contribuyan  al bien común, a través de  profesionales  vanguardistas, líderes y leales con la prosperidad de sus sociedades. Claro que, la tarea es ardua, cargada de desafíos y de una incansable búsqueda de alternativas.

Dr. Víctor Yáñez, Vicedecano Facultad de Cs. Sociales y Humanidades y Director del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la Universidad Autónoma de Chile – sede Talca

 

 

 

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El Fenómeno de la migración de extranjeros a Chile y la nueva Ley de Migraciones

La migración de extranjeros a Chile se ha convertido en un fenómeno socioeconómico de mucha relevancia que afecta a gran parte del territorio nacional. Dejando muy atrás la acotada y tradicional migración fronteriza, especialmente, en el norte de Chile o en la capital, Santiago.   Es tan grande el crecimiento de la migración en los últimos años que, según datos del propio Departamento de Extranjería y Migración de Chile, entre el 2015 y el 2016 los extranjeros que solicitaron visa para ingresar al país ascendieron a 273.257 personas. Del total de estas visas, el 21,2% corresponden a ciudadanos peruanos, seguidos de colombianos con 17,7%, haitianos con 16%, venezolanos con 14,7% y bolivianos con 13,3%. No obstante, existe también una no despreciable cifra de migrantes a Chile desde el viejo continente con altos niveles educativos, que han debido salir de sus países ya sea por razones de crisis económicas y/o sociopolíticas.

Actualmente en Chile existen aproximadamente 600.000 residentes extranjeros, lo que equivale a un crecimiento de un 300%, respecto de los residentes extranjeros del año 2006, que eran en torno a las 150.000 personas. Sin duda, en los últimos 2 años la atracción de los migrantes por venir a Chile ha sido fundamentalmente por motivos laborales (70% de las visas), lo que da cuenta de la buena imagen económica y de estabilidad social y política que tiene el mundo respecto de Chile, especialmente, Latinoamérica.

Ahora bien, en lo que respecta a lo económico, el análisis del mercado del trabajo en Chile es fundamental para evaluar el impacto del crecimiento de la migración extranjera. Por lo que se considera prioritario caracterizar el capital humano de los migrantes extranjeros que habitan en las diversas regiones de Chile y relacionarlo con las ocupaciones que estos ejecutan en el mercado del trabajo local. De esta manera se podría correlacionar el capital humano del migrante extranjero y su inserción en el mercado del trabajo.

Lamentablemente, en Chile se puede constatar un vacío científico, identificado en los estudios sobre migración internacional.  En este sentido, se observa la ausencia de un tratamiento socioeconómico, sobre la incidencia del flujo de personas extranjeras en el mercado del trabajo regional y nacional.

Un aspecto no menos relevante, tiene que ver con los efectos de un estudio de estas características en la investigación aplicada. Hacemos mención a esto, debido a que –producto de las características del objeto de estudio—una caracterización del capital humano extranjero podría proporcionar herramientas para el diseño de políticas públicas a escala regional, al permitir contrastar el capital humano migrante con las matrices de producción-empleo que presentan las distintas regiones de Chile.

En este sentido, se proporcionaría un gran aporte a la comprensión de la “nueva realidad” regional ligada a la situación de los migrantes extranjeros y su vida laboral, así como a los ajustes necesarios en el mercado laboral local.

Si bien el reciente ingreso al congreso nacional de un proyecto de Nueva Ley de Migraciones parece ser un aporte a la discusión, hay muchos “espacios del fenómeno” que parecen no tener ninguna reflexión mayor y menos aún una aplicación real.

Dr. Guillermo Riquelme, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la U. Autónoma de Chile – sede Talca

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Debates que no se pueden ganar (ni perder)

Hace algún tiempo la opinión pública chilena muestra una admirable diversidad. Las discusiones en los medios o los ambientes académicos se enriquecen diariamente de miradas, argumentos, ideologías y propuestas que piensan el país deseado y hacen valer sus posiciones, a pesar de que muchos llevamos aún la pesada carga de un pasado dictatorial, donde primó por décadas la doctrina de una sola verdad, un solo principio, un solo país, un solo futuro y un solo pasado. Un ejemplo cercano es justamente este medio y sus espacios para la opinión y las discusiones. Si bien es cierto que hay muchas voces que esperan hace tiempo su turno y son muchos los temas que quedan por discutir, se tienen ya algunos puntos de partida.

En un escenario que se antoja primaveral, uno puede preguntarse con justicia si todas nuestras discusiones tienen verdaderamente algún sentido. La cada vez más preocupante y generalizada corrupción, el ideal de un mercado perfecto que ha demostrado que solo lo es bajo estrictas condiciones de laboratorio (es decir, cuando se lo aísla de toda realidad) o la triste humanidad de los líderes religiosos pedófilos y las cofradías que los han protegido, por solo recoger algunos brotes del jardín como ejemplos, no hacen prever un mejor futuro o un espacio para que triunfe la razón o el mejor argumento. Peor aún, la vieja demagogia hoy rebautizada como posverdad, prolifera y se esparce por ese espacio sin espacio que son las redes digitales que están en todos lados y en ninguno –como dijo bellamente Huidobro a propósito de la música. ¿De qué podría servir un debate informado y con pretensiones de verdad –aunque sea una verdad provisoria– si en definitiva las cosas van, como siempre, al despeñadero?

Si es que vale la pena seguir debatiendo sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la igualdad educativa, la colusión de las empresas, la discriminación o las migraciones, etc., y si mantenemos la expectativa que estas discusiones tengan en perspectiva decisiones que afecten no solo la vida privada de cada persona, sino que a la sociedad en su conjunto, entonces debemos reconocer algunos contornos de aquello que nos convoca.

Lo primero debe ser reconocer que, por mucho que se avance, los debates no se pueden ganar ni perder y esto no debiera desanimar a nadie. La síntesis de posturas opuestas (síntesis positiva, supuestamente con Hegel, o negativa, explícitamente con Adorno) no es más probable que el mantenimiento de las diferencias, ni las conciliaciones son más definitivas a causa de él. Si bien se pueden hacer esfuerzos por lograr el consenso sometiendo la propia argumentación a los principios de la verdad, veracidad y rectitud (la trinidad moral de Habermas), a un imperativo kantiano de las “buenas” intenciones o a un imperativo weberiano de la responsabilidad, en la búsqueda de la unidad, se asoma siempre la diferencia.

So pena de irritar a ateos y religiosos, sus discusiones son un diáfano ejemplo de esta diferencia. En este caso, se trata de posturas que no solo son totalmente irreconciliables, sino que además se fagocitan por completo una a la otra. Así, cuando los debates sobre temas como la vida, la muerte, el amor o la justicia se llevan a este terreno, se sabe que no es posible ganar ni perder. Teísmo y ateísmo se disputan el carácter universal de sus visiones de mundo, pero ninguno puede asumir que se trata, en ambos casos, de una mera perspectiva y que así pueden llegar a un acuerdo. Si lo hacen, desaparecen. Lo que la creencia religiosa protege con el secreto, el misterio o la entrega pasional a lo desconocido e infinito, el ateísmo lo defiende con el convencimiento de la civilidad secular por el logro de la razón o la prueba empírica. El objeto en la refriega tiende a adoptar la forma de un valor paradojal, pues quiere ser universal, pero ha nacido de lo particular. De este modo, si es cierto que la religión no debiese imponer su verdad sobre la vida o el amor, pues los no-religiosos no pueden verse obligados a acatar las normas emanadas de entidades que no existen o que, al menos, nadie ha elegido democráticamente como representantes, es también cierto que la pretendida tolerancia ateísta hace cortocircuito cuando se quiere asumir como un meta-universalismo que acoge todos los posibles universalismos como si estos fuesen verdades parciales o creencias que –a pesar de estar erradas– se deberían tolerar. Pero, ¿por qué un religioso debería aceptar esta supremacía, si tampoco se puede demostrar empíricamente que el mundo secular tenga hoy, o pueda alcanzar mañana, una verdad en sus propios términos? El meta-universalismo secular puede ser visto sin problemas como un particularismo disfrazado que es incapaz de reconocer que, con todo, no es más que una perspectiva.

La arena donde se desenvuelven temas como este se llama política y es mejor aceptar que no se la puede extirpar de la vida social ni ponerla en segundo plano. Pero también es recomendable asumir que la política no resulta ni en unidad ni paz perpetua, sino que esta es oscilación entre partes que se oponen y que subsisten gracias a esta oposición, pues a ambas se abre la posibilidad, no de aceptar el mejor argumento, sino de mantener su verdad cuando las condiciones les son favorables. Si no existiese esta posibilidad, no existiría política sino pura fuerza bruta que, de todos modos, no puede contener que en su periferia se multiplique la política bajo el signo de la oposición. La salida al debate político se encuentra así fuera de él, pero no bajo la forma de una solución –en un sentido químico– donde se disuelven o diluyen los opuestos, sino como una decisión que divide, manteniendo la oposición o creando una nueva. Así, siempre habrá debates para el votante, el anarquista, el parlamentario, el ejecutivo, etc., mientras exista en el horizonte las decisiones y la oposición.

Detrás de la argumentación anterior hay una paradoja que no voy a ocultar. Si es que hay posturas que demandan universalismo de sus ideas o valores (igualdad, justicia, felicidad, etc.), pero las posiciones son inevitablemente particularistas, entonces el análisis que se haga de ellas es también, nada más que una perspectiva. No puede ser de otro modo. Pero ¿se debe considerar esto como una debilidad o como un argumento posmodernista, nihilista, cínico o naif? Esta podría ser la intención, si es que al final estuviese la común crítica de la verdad o del poder, la defensa del laissez faire, o la creación de un espíritu absoluto que dé cuenta de todo. Pero mi propósito es menos pretensioso, pues es una recomendación para la praxis de observación de la sociedad y no un lugar mejor para observar. Así, en lugar de alimentar la imagen de un futuro que nunca llega, se debiera considerar con la mayor seriedad la sencilla propuesta que hicieran hace algunos años Humberto Maturana y Francisco Varela acerca del conocimiento, y que se resume en su conocido aforismo: todo lo dicho, es dicho por alguien. Si se lleva esto a la observación de nuestra sociedad, se amplían los horizontes y se hace necesario preparase a mirar al mundo como una inagotable contingencia.

Hugo Cadenas, Académico Investigador del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile

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Revisión de correos electrónicos en el trabajo

La reciente sentencia de la Corte Europea (TEDH) supone el reconocimiento a un grado importante de respeto a la intimidad del trabajador en los envíos o recepción de correos electrónicos desde el puesto de trabajo, en tiempos refractarios a una amplia protección de derechos bajo la premisa de una mayor seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esta victoria no es baladí, principalmente porque supone una revocación de la decisión de una sala inferior por parte de la Gran Sala que termina obligando a los empleadores a dar avisos más explícitos a sus empleados si se disponen a monitorizar el uso de la Red.

El caso en cuestión se refiere al despido de un ingeniero rumano por intercambiar mensajes con su novia desde una cuenta de correo oficial sobre su salud sexual (hace 10 años).

En una votación con una mayoría de 11 a seis, los jueces de la Gran Sala fallaron a favor del señor Bogdan, quien sostenía que su derecho a la vida privada no había sido suficientemente amparado por las cortes nacionales de Rumanía, alegando que su derecho a la intimidad había sido conculcado cuando el buzón de su cuenta profesional Yahoo, que contenía tanto comunicaciones privadas como profesionales, había sido examinado por la empresa.

Los jueces de Estrasburgo entendieron que las cortes rumanas no habían alcanzado en sus razonamientos el equilibrio entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho de la empresa de asegurar que se estaban cumpliendo los protocolos laborales.

El empleador no puede reducir la vida social privada en el lugar de trabajo a un cero absoluto, y debe seguir existiendo el respeto a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones si bien estas puedan ser restringidas en casos muy puntuales cuando sea estrictamente necesario.

Este asunto va a ser objeto de un análisis exhaustivo en las escuelas de Derecho, debido a que la extensión de las comunicaciones difumina las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral, y de aquí saldrán nuevos límites en las relaciones contractuales entre empresario y fuerza laboral.

La empresa había revisado los correos enviados a su hermano y prometida de una cuenta online que se le había pedido crear para fines laborales, siendo que las reglas de la empresa prohibían los correos privados desde sus servidores online.

En su defensa, el trabajador sostuvo que había cumplido con el protocolo de la empresa, lo cual se comprobó no era el caso, al encontrarse mensajes privados y profesionales por lo que fue desvinculado. En el proceso legal ante las cortes nacionales e internacionales, su defensa mantuvo que estos mensajes debían quedar protegidos al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto a la vida privada, familiar y al secreto de la correspondencia.

En una primera decisión, la Sala de Estrasburgo en una mayoría de 6 a uno otorgó la razón a la compañía, considerando que había actuado en su derecho bajo la impresión de que toda la información que se encontrara estaría vinculada al trabajo del empleado. Sin embargo, la sala superior anuló esta decisión sobre la base de que el empleado no había sido avisado con anterioridad.

La sentencia que cierra toda posibilidad de recurso, si bien concede la existencia de la violación del artículo 8 del Convenio, no otorga compensación al considerar que la mera declaración era una satisfacción justa y suficiente.

En suma, a través de estas sentencias se cumple el razonamiento de que los textos de derechos humanos son instrumentos vivos y deben ser interpretados acorde a los tiempos, pero también somos conscientes de que algunos textos llevan más de siete décadas con nosotros y requieren una actualización a través de protocolos, enmiendas o convenios específicos en razón de la complejidad de la sociedad internacional de nuestros días.

Dr. Antonio Muñoz, académico investigador del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

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Desembolsos con sentido

En el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se indica que las asociaciones de consumidores “son organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores/as y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes lo soliciten, …”.

En el país su cantidad supera las 100, pudiendo acceder a recursos financieros del Estado, los que desde el 2010 ascienden a $2.345 millones, y que recientemente han sido causa de discusión, inquietud y expresiones en medios, ya que ante la potencial reforma al SERNAC, que incluiría también el aumento de estos fondos, se desconoce el impacto de algunas iniciativas que se desarrollan.

Quizás una de las grandes dudas que surgen en la ciudadanía respecto al uso de los recursos fiscales, ya sea por parte del mismo Estado, los entes que la conforman o las que reciben sus fondos, es si son usados adecuadamente.

En tal sentido, las palabras de W. Edwards Deming, promotor de la idea de la calidad total, “no se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”, deberían tornarse más valiosas en lo público y, por tanto, no debería bastar sólo con validar que: a) el desembolso sea efectivo, b) esté asociado a una actividad autorizada, y c) se encuentre debidamente respaldada, ya que en la relevancia de su naturaleza, debiesen encontrarse asociados a un objetivo que implique un efecto concreto, que mirado desde la concepción de estas organizaciones debería tener un alcance cuantitativo y/o cualitativo que se vincule directamente con el “beneficiario final”, pudiendo expresarse por ejemplo, en el número de defensas y su tasa de éxito, o bien, en el grado de satisfacción por estar informado y/o capacitado para dominar sus derechos, los que en un contexto de evaluación podrían ser rescatados, por ejemplo vía encuestas o entrevistas por un ente independiente, otorgando con ello la transparencia e imparcialidad que requiere el proceso.

Al finalizar, queda una interrogante: ¿habrán más recursos fiscales expuestos a una situación similar?

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Migración extranjera y capital humano estatal: el nuevo desafío político en Chile

shutterstock_612643388La reciente noticia sobre un brote de lepra en Chile, generó una polémica en las redes sociales en torno al papel de la población extranjera en la vida cotidiana del país. El hecho que la ministra de salud haya aclarado (http://www.latercera.com/noticia/lepra-chile-salud-confirma-casos-no-solo-corresponden-inmigrantes/) que los casos identificados no correspondan solo a extranjeros, no ha despejado las suspicacias que despiertan los migrantes latinoamericanos y caribeños en parte de la opinión ciudadana del país.

Lo que llama la atención de esta desconfianza hacia los inmigrantes, es que esta conducta no coincide con la historia social y cultural del país. Si exceptuamos el relevante período prehispano y colonial de Chile, la migración extranjera fue un fenómeno habitual en el país desde el siglo XIX. Personas provenientes de Hispanoamérica, Europa y Asia llegaron a estas tierras desde la independencia, hasta años posteriores a la segunda guerra mundial. Si pensamos en el aporte cultural generado por esta migración al país, nos encontramos con una diversidad de hechos ligados tanto a la política, la educación y la economía. Conocido es el papel del debate generado entre el venezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento en torno a la política educacional que se debía generar en Chile. Otros extranjeros cumplieron un papel fundamental en la misma independencia del país (José de San Martín, Manuel Blanco Encalada, Thomas Alexander Cochrane). Posteriormente, población inglesa, francesa, española, alemana y asiática arribaron al territorio, realizando su aporte cultural a las distintas dimensiones del estilo de vida nacional.

No obstante, desde el fin de la Guerra Fría y el proceso de globalización, se han generado nuevos desafíos políticos a Chile, como a los demás estados nacionales. La primera de ellas tiene que ver con la misma idea de “nacionalidad”. Con la tercera revolución industrial y el fin del mundo bipolar, nos encontramos con un escenario global donde el flujo de mercancías va acompañado a un movimiento equivalente de personas. El problema del “Estado fallido” en distintas latitudes, se convierte en una importante fuerza motriz para que diversas colectividades sean desplazadas de sus territorios originales, migrando a países con mejores oportunidades para existir. A esto se le suma el conflicto internacional generado entre los estados metropolitanos y entidades políticas no occidentales, fenómeno que Samuel Huntington conceptuó en su momento como “Choque de civilizaciones”. Independiente de la opinión que nos merezca esta idea, la diversidad de conflictos que se generan en el mundo por religión, etnicidad o cultura, ha despertado el temor de los ciudadanos de Occidente porque su estilo de vida sea amenazado.

En el caso de Chile, nos atrevemos a pensar que la actual migración Jaime González 1extranjera constituye un falso problema. La historia cultural del país nos informa que el flujo de personas de otras naciones y continentes al territorio nacional ha significado históricamente más un aporte que una dificultad. Sin embargo, no podemos ignorar el nuevo escenario de convulsión internacional, generado por la crisis del Estado nación y del cambio de la matriz productiva de la economía mundial. Por lo mismo, resulta necesario considerar los aciertos políticos del pasado y contemplar los cambios necesarios que nos exige el presente.

 Pensando en base a los aciertos pasados y las exigencias presentes de Chile ¿cuál es el actual desafío político que debe abordar el país? Consideramos que la respuesta se encuentra en un capital humano idóneo que, desde la estructura administrativa y gerencial del Estado, genere las políticas públicas adecuadas para la gestión de personas dentro del territorio nacional. Profundizaremos más en el argumento, contemplando el pasado y el presente de Chile. Durante el siglo XIX, el Estado chileno surgió y se desarrolló en un contexto de diversidad cultural. El pasado prehispano y colonial del país dejó como herencia una diversidad de lenguas, creencias y culturas a lo largo y ancho de Chile. Sin embargo, el proyecto político nacional prescribió la formación de una colectividad cultural homogénea. Este hecho llevó a que el Estado chileno implementara una serie de políticas encauzadas en esa línea, en el terreno educacional y militar, que lograron cristalizar sólidamente en los primeros tres lustros del siglo XX. Independiente de la valoración que podamos hacer a esta acción política, el hecho es que la diversidad lingüística y cultural del país al momento de la independencia, más la migración extranjera ya mencionada, no implicó una dificultad insalvable para la construcción de país.

En la actualidad, Chile enfrenta un escenario económico y político diferente al pasado. Sin embargo, el siglo anterior proporciona herramientas útiles para abordar el desafío de la interculturalidad presente. En este sentido, sabemos de países como México, que enfrentaron este fenómeno a través de un equipo de expertos en antropología. Estos profesionales, diseñaron e implementaron políticas públicas, que permitieron la construcción de nación en esa comunidad política. Si bien la problemática mexicana presentó orígenes diferentes, y sus políticas se implementaron en la pasada centuria, el desafío que enfrentaron presenta elementos semejantes con la actualidad. Este caso nos podría servir de ejemplo sobre el tipo de capital humano que deberá necesitar el Estado chileno en el presente y en el futuro.

Hoy en día, en que se discute sólidamente sobre el papel de la interculturalidad, el Estado debe disponer de la preparación suficiente para diseñar y gestionar políticas de diversidad cultural. Para ello, nuestras universidades deberán generar los ajustes curriculares necesarios para formar este personal idóneo. La actual problemática indígena en Chile, da cuenta de las dificultades que se han generado en este terreno, por la falta de un personal adecuado para establecer el diálogo entre culturas y la formación de políticas públicas hacia estas colectividades. Solo la formación de un capital humano idóneo, fundado en el terreno de las ciencias sociales, más la voluntad política para ello, podrá alejar de Chile los serios conflictos políticos que está acarreando este hecho en otras latitudes del mundo.

Dr. Felipe Tello, investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la Universidad Autónoma de Chile – sede Talca

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Nueva reforma al sistema de pensiones en Chile

shutterstock_371388550En consideración que el gobierno anunció el ingreso al Congreso Nacional de un nuevo proyecto de ley de reforma al Sistema de Pensiones en Chile. Es necesario recordar que el actual sistema prometía en su origen (Decreto Ley 3.500 de 1980) una tasa de reemplazo del 70%, en consideración de ciertos supuestos a mencionar; una cotización continua durante la vida laboral (40 años), una edad de jubilación de 65 años los hombres y 60 años las mujeres, y expectativas de vida que no superaban los 70 años.   Todos estos supuestos evidenciaron en el tiempo ser muy alejados de la realidad.  Se observa que el sistema presenta muchos períodos sin el aporte individual debido, con gran intermitencia y variabilidad en los montos enterados al fondo de capitalización individual.  Hay una incorporación tardía de la personas al sistema previsional, ya sea por la demora en encontrar en puesto de trabajo o por realizar inicialmente un trabajo de manera informal, lo que no revierte la obligatoriedad del aporte previsional.  Finalmente, las expectativas de vida han aumentado notablemente en Chile, estimándose  actualmente una esperanza de vida de 84 años para las mujeres y de 80 años para los hombres.  Todo esto ha llevado a que el sistema de pensiones no haya cumplido su promesa inicial de 70% de tasa de reemplazo, evidenciando, en promedio, una tasa menor al 40%.

Guillermo Riquelme2No obstante las mejoras incorporadas en el 2008 con la Ley N° 20.255 que reformó en forma sustantiva el sistema de pensiones, en particular, con la creación de la pensión mínima básica garantizada por el Estado, el sistema sigue estando en crisis por las bajas pensiones otorgadas a la gran mayoría de los jubilados, las que no superan, en promedio,  los $212.000 mensuales, muy por debajo del salario mínimo en Chile, que a partir del 1 de julio de este año alcanzó los $270.000. Además, existe un creciente rechazo por parte de la ciudadanía a la administración privada de los fondos de pensiones, endosándosele la culpabilidad de las bajas jubilaciones al enriquecimiento del empresariado, demandando por ello a que el Estado se haga cargo del sistema. De hecho nace en el año 2013 el movimiento ciudadano denominado “No + AFP”  que promueve un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado.    No obstante, el sistema de reparto rápidamente fue descartado por el gobierno, ya que el número de personas activas en Chile, que deberían sostener este sistema de reparto, está cayendo fuertemente. Por el contrario, se estima que en un plazo de entre 20 a 30 años, la población pasiva superaría a la población activa. “Mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente”. Por lo que queda solamente la posibilidad de mejorar el actual sistema, generando una mixtura de aporte de cotización entre Estado, Afiliado y Empleador, además de fortalecer el pilar solidario.

Dr. Guillermo Riquelme, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES)de  la U. Autónoma de Chile – sede Talca

 

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¿Tiene la nieve la culpa en el corte del suministro de electricidad?

El Decreto Supremo Nº 307 del año 1998 que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Electricos señala una serie de obligaciones a las empresas encargadas de suministrar electricidad. El artículo 145 establece que dichos proveedores “deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida..” A su vez el artículo 205 del mismo reglamento impone el “deber a los operadores encargados de la distribución de mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas sean de generación, transporte o distribución, para evitar así peligro para las personas o daños en las cosas”. Por último, el artículo 214 señala que los operadores de instalaciones electricas “deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, imponiendo incluso la obligación de concurrir con personal calificado en un plazo inferior a dos horas desde que los operadores tomen conocimiento de la falla”.

Revisada esta normativa parece claro que las demandas colectivas que se están presentando durantes estos días, tanto por parte del SERNAC como de Asociaciones de Consumidores o por grupos mayores a 50 consumidores, debiesen ser acogidas. No obstante, es necesario precisar qué obligaciones han incumplido realmente los operadores de suministro electrico y si concurre en este evento un caso fortuito o de fuerza mayor (en nuestro Derecho son sinónimos)

El primer punto que se debe abordar para dilucidar lo anterior, es si el incumplimiento es imputable a las empresas de servicios eléctricos o, por el contrario, no serían responsables por entender que el corte de suministro no le es imputable por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

El Código Civil en su artículo 45 señala que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” El Ministro de Energia ha sostenido por su parte que la nieve caída en Santiago el pasado 15 de julio no constituye una causal de fuerza mayor. Para determinar su existencia deberán los tribunales valorar el hecho de la naturaleza y si éste era posible de preveer, de resistir y si era ajeno por quien debía cumplir con su obligación.

Es posible que nuestros tribunales consideren que la nieve caída sí constituye un hecho de la naturaleza que no era previsible ni capaz de ser resistido, entendiendo de esta manera que la obligación de no entregar suministro eléctrico de forma continua e ininterrumpida no era imputable a las empresas y, por ende, no le cabría responsabilidad a éstas.

Sin embargo, el prolongado corte si puede ser de responsabilidad de las empresas, ya que no se cumpliría con el tercer requisito de la fuerza mayor, es decir que sea “ajeno” o “exterior” al deudor. Esto sería así, ya que como se señaló en el principio de esta columna, los operadores deben mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas, sean de generación, transporte o distribución, para evitar el peligro para las personas o daños en las cosas. Esta obligación al parecer si fue claramente incumplida por los proveedores, y no sólo el pasado 15 de julio, sino que también incumplieron las obligaciones que le impone el artículo 145 en el mes de junio, produciéndose cortes del suministro eléctrico debido a las fuertes lluvias que se produjeron en Santiago y en la región del Maule.

Los hechos además demostraron que se incumplio el artículo 214 del reglamento, dado que no contaban con el personal de emergencia suficiente que les permitiera concurrir en el breve plazo impuesto por la ley para reponer el suministro interrumpido.

Las empresas intentarán defenderse sostiendo que sí existio fuerza mayor y así eximirse de responsabilidad por no entregar suministro de forma continua e ininterrumpida. Pero se debe tener en cuenta que existían una serie de obligaciones que la ley les impone, y que en caso de cumplirse hubieran evitado las más de 72 horas de interrupción del suministro que vivieron cientos de miles de santiaguinos.

Dr. Sebastián Bozzo H.

En definitiva, no podrán eximirse alegando caso fortuito o fuerza mayor, ya que estuvo en sus manos cumplir con las otras dos obligaciones que les impone el reglamento, que es realizar un trabajo de mantención que evite poner en riesgo a las personas, y además contar con el personal suficiente que pemita asistir a la población frente a estos fenómenos. Por lo tanto, se cae el tercer elemento que debe reunir el caso fortuito, esto es, el carácter “exterior” que debe tener el mismo, y este es tal cuando el hecho es ajeno al deudor o, en otras palabras, cada vez que el suceso o sus consecuencias perjudiciales no derivan de su hecho o culpa.

 

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Director Centro Regulación y Consumo, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile

 

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