Para quienes no desean ver la realidad que nos acompaña, o bien viven enclaustrados en el “mundo de Bilz y Pap”, el estudio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el que se declara que como nación estamos fuera de los tres países de Latinoamérica que encabezan los despilfarros fiscales de la región (7,2% el país más ineficiente), e indicándose que se trata del país más eficiente (1,8% del PIB), puede resultar enaltecedor, pero al mismo tiempo, como señala un conocido refrán: no hay peor ciego que aquél que no quiere ver. ¿Por qué? Ya se comentará; pero antes de continuar, señalar que para el BID la idea de despilfarro se asocia con tres instancias: compras del Estado (que contempla desvío de fondos, así como dineros por corrupción), salario de los empleados del sector público y subsidios.
Al revisar literatura relacionada con las finanzas públicas y su gestión, quizás una de las mayores referencias en esta área se ubica el ideario de una recaudación justa, y por otro lado, con el óptimo uso y/o aplicación de los dineros, pues se parte de una noción económica básica que es la “escasez”, y que además conlleva la responsabilidad de que estos dineros públicos provenientes en gran parte de los ciudadanos, ameritan una administración de excelencia.
Así, quedarnos anclados en la bondad de lo señalado por el BID sería un error descomunal. Hay situaciones que no han funcionado apropiadamente. Algunas de ellas no tan lejanas, que han sido y estamos siendo informados, para darnos cuenta de que tal tilde amerita aterrizarlo racionalmente. Revisar informes como el de la Contraloría en relación al quehacer de los hospitales, casos de cohecho y fraudes en algunas entidades o ramas, campañas políticas, ineficiencias como la del puente Cau Cau, desembolsos inapropiados en algunos municipios, la duda respecto a la real valía y aporte de la estructura y tamaño del servicio público, incluida inversiones, asignaciones, e incluso en torno a su recurso humano, son solo algunas de las expresiones o pensamientos ligados a la mala dirección del capital fiscal.
Sin duda el Estado, así como quien sea que lo gobierne, sus instituciones y autoridades deben constituir prenda de garantía, responsabilidad, transparencia y probidad en la tutela de los recursos, los cuales desde hace un tiempo se viene señalando que son escasos, máxime el alicaído papel del cobre, donde la deuda se ha elevado, lo cual debe exigir una gestión inteligente, sensata y racional, y en que “ordenar la casa” debe ser un aspecto relevante, apuntando a un logro esencial en el uso de estos fondos, expresado en servicio y bienestar.
Autor: Mauricio Andrés Burgos Navarrete
Master y Doctorando en Finanzas
Director de la carrera de Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión
Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile (Sede Temuco)