Llamativa resulta la publicación en un diario nacional, en que se resalta que la Contraloría ha detectado falencias en los procesos de fiscalización que le competen al Instituto Nacional del Deporte, lo que se ha traducido en términos monetarios, en rendiciones pendientes por más de 15 mil millones de pesos (algo más de 22 millones de dólares) que provienen desde el 2003. Resalta además, una serie de falencias y/o debilidades asociadas, entre otras, vinculadas con el control interno, registros contables, y procesos internos no autorizados.
Una rendición, básicamente implica asignar un fondo monetario para desarrollar determinadas acciones, las cuales posteriormente, dentro de un lapso de tiempo razonable, y dado que se trata de sector público, en que se opera sobre la base de presupuestos, debiese ser un margen de tiempo muy acotado, además de estar estipulado en las reglamentaciones pertinentes, la unidad o persona que ha recibido los fondos, debe explicitar en un informe con las evidencias y respaldos apropiados la utilización de los valores asignados, y para lo cual debiese existir una contraparte que verifique la idoneidad y pertinencia de lo declarado.
Sin duda, el proceder señalado por Contraloría revela y pone en tela de juicio no sólo la estructura de funcionamiento y composición de la institución aludida y el actuar de los órganos de control interno que probablemente mantenga, sino también los procesos de monitoreo, seguimiento y demanda oportuna de la instancia que también le ha facilitado los recursos para sus operaciones. Lamentablemente, cabe incorporar en esta reflexión también a la Contraloría, la cual en una mirada a lo mejor equivocada al respecto, da la sensación que opera bajo esquemas del siglo XX en el espacio digital del siglo XXI, lo que contrasta con el Servicio de Impuestos Internos que ya ha respondido y visibilizado su accionar en lo tecnológico, realizando alrededor de 40 fiscalizaciones remotas desde el año pasado, y por tanto es preciso presionar el acelerador de la modernidad incorporando competencias y tecnologías de vanguardia que permitan aumentar la variedad, el número y la oportunidad de las investigaciones, lo cual parece a la luz de los tiempos y necesidad, algo precario.
Así, algunas preguntas que surgen son: a) ¿qué otras entidades o unidades que componen el aparato público en nuestro país se encuentran en una situación similar?, b) ¿qué valor monetario está comprometido?, c) ¿los desembolsos son válidos?, y d) ¿quién responde?
La tecnología debe constituirse en un aliado, reforzando la transparencia y confianza pública.
Autor: Mauricio Andrés Burgos Navarrete
Master y Doctorando en Finanzas
Director de la carrera de Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión
Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile (Sede Temuco)