Nueva reforma al sistema de pensiones en Chile

shutterstock_371388550En consideración que el gobierno anunció el ingreso al Congreso Nacional de un nuevo proyecto de ley de reforma al Sistema de Pensiones en Chile. Es necesario recordar que el actual sistema prometía en su origen (Decreto Ley 3.500 de 1980) una tasa de reemplazo del 70%, en consideración de ciertos supuestos a mencionar; una cotización continua durante la vida laboral (40 años), una edad de jubilación de 65 años los hombres y 60 años las mujeres, y expectativas de vida que no superaban los 70 años.   Todos estos supuestos evidenciaron en el tiempo ser muy alejados de la realidad.  Se observa que el sistema presenta muchos períodos sin el aporte individual debido, con gran intermitencia y variabilidad en los montos enterados al fondo de capitalización individual.  Hay una incorporación tardía de la personas al sistema previsional, ya sea por la demora en encontrar en puesto de trabajo o por realizar inicialmente un trabajo de manera informal, lo que no revierte la obligatoriedad del aporte previsional.  Finalmente, las expectativas de vida han aumentado notablemente en Chile, estimándose  actualmente una esperanza de vida de 84 años para las mujeres y de 80 años para los hombres.  Todo esto ha llevado a que el sistema de pensiones no haya cumplido su promesa inicial de 70% de tasa de reemplazo, evidenciando, en promedio, una tasa menor al 40%.

Guillermo Riquelme2No obstante las mejoras incorporadas en el 2008 con la Ley N° 20.255 que reformó en forma sustantiva el sistema de pensiones, en particular, con la creación de la pensión mínima básica garantizada por el Estado, el sistema sigue estando en crisis por las bajas pensiones otorgadas a la gran mayoría de los jubilados, las que no superan, en promedio,  los $212.000 mensuales, muy por debajo del salario mínimo en Chile, que a partir del 1 de julio de este año alcanzó los $270.000. Además, existe un creciente rechazo por parte de la ciudadanía a la administración privada de los fondos de pensiones, endosándosele la culpabilidad de las bajas jubilaciones al enriquecimiento del empresariado, demandando por ello a que el Estado se haga cargo del sistema. De hecho nace en el año 2013 el movimiento ciudadano denominado “No + AFP”  que promueve un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado.    No obstante, el sistema de reparto rápidamente fue descartado por el gobierno, ya que el número de personas activas en Chile, que deberían sostener este sistema de reparto, está cayendo fuertemente. Por el contrario, se estima que en un plazo de entre 20 a 30 años, la población pasiva superaría a la población activa. “Mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente”. Por lo que queda solamente la posibilidad de mejorar el actual sistema, generando una mixtura de aporte de cotización entre Estado, Afiliado y Empleador, además de fortalecer el pilar solidario.

Dr. Guillermo Riquelme, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES)de  la U. Autónoma de Chile – sede Talca

 

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¿Tiene la nieve la culpa en el corte del suministro de electricidad?

El Decreto Supremo Nº 307 del año 1998 que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Electricos señala una serie de obligaciones a las empresas encargadas de suministrar electricidad. El artículo 145 establece que dichos proveedores “deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida..” A su vez el artículo 205 del mismo reglamento impone el “deber a los operadores encargados de la distribución de mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas sean de generación, transporte o distribución, para evitar así peligro para las personas o daños en las cosas”. Por último, el artículo 214 señala que los operadores de instalaciones electricas “deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, imponiendo incluso la obligación de concurrir con personal calificado en un plazo inferior a dos horas desde que los operadores tomen conocimiento de la falla”.

Revisada esta normativa parece claro que las demandas colectivas que se están presentando durantes estos días, tanto por parte del SERNAC como de Asociaciones de Consumidores o por grupos mayores a 50 consumidores, debiesen ser acogidas. No obstante, es necesario precisar qué obligaciones han incumplido realmente los operadores de suministro electrico y si concurre en este evento un caso fortuito o de fuerza mayor (en nuestro Derecho son sinónimos)

El primer punto que se debe abordar para dilucidar lo anterior, es si el incumplimiento es imputable a las empresas de servicios eléctricos o, por el contrario, no serían responsables por entender que el corte de suministro no le es imputable por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

El Código Civil en su artículo 45 señala que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” El Ministro de Energia ha sostenido por su parte que la nieve caída en Santiago el pasado 15 de julio no constituye una causal de fuerza mayor. Para determinar su existencia deberán los tribunales valorar el hecho de la naturaleza y si éste era posible de preveer, de resistir y si era ajeno por quien debía cumplir con su obligación.

Es posible que nuestros tribunales consideren que la nieve caída sí constituye un hecho de la naturaleza que no era previsible ni capaz de ser resistido, entendiendo de esta manera que la obligación de no entregar suministro eléctrico de forma continua e ininterrumpida no era imputable a las empresas y, por ende, no le cabría responsabilidad a éstas.

Sin embargo, el prolongado corte si puede ser de responsabilidad de las empresas, ya que no se cumpliría con el tercer requisito de la fuerza mayor, es decir que sea “ajeno” o “exterior” al deudor. Esto sería así, ya que como se señaló en el principio de esta columna, los operadores deben mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas, sean de generación, transporte o distribución, para evitar el peligro para las personas o daños en las cosas. Esta obligación al parecer si fue claramente incumplida por los proveedores, y no sólo el pasado 15 de julio, sino que también incumplieron las obligaciones que le impone el artículo 145 en el mes de junio, produciéndose cortes del suministro eléctrico debido a las fuertes lluvias que se produjeron en Santiago y en la región del Maule.

Los hechos además demostraron que se incumplio el artículo 214 del reglamento, dado que no contaban con el personal de emergencia suficiente que les permitiera concurrir en el breve plazo impuesto por la ley para reponer el suministro interrumpido.

Las empresas intentarán defenderse sostiendo que sí existio fuerza mayor y así eximirse de responsabilidad por no entregar suministro de forma continua e ininterrumpida. Pero se debe tener en cuenta que existían una serie de obligaciones que la ley les impone, y que en caso de cumplirse hubieran evitado las más de 72 horas de interrupción del suministro que vivieron cientos de miles de santiaguinos.

Dr. Sebastián Bozzo H.

En definitiva, no podrán eximirse alegando caso fortuito o fuerza mayor, ya que estuvo en sus manos cumplir con las otras dos obligaciones que les impone el reglamento, que es realizar un trabajo de mantención que evite poner en riesgo a las personas, y además contar con el personal suficiente que pemita asistir a la población frente a estos fenómenos. Por lo tanto, se cae el tercer elemento que debe reunir el caso fortuito, esto es, el carácter “exterior” que debe tener el mismo, y este es tal cuando el hecho es ajeno al deudor o, en otras palabras, cada vez que el suceso o sus consecuencias perjudiciales no derivan de su hecho o culpa.

 

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Director Centro Regulación y Consumo, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile

 

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Acreencias bancarias

Revisando la lista de “Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad” recientemente preparada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF), no encontré alguna sorpresa monetaria en el documento.

Las Acreencias Bancarias, conforme el artículo 156 de la Ley General de Bancos señala en lo medular que “surgen al amparo de la caducidad de depósitos, captaciones o cualquier acreencia a favor de terceros derivadas de su giro financiero, comprendidas expresamente las provenientes de dividendos pagados a sus accionistas”, y que “trascurridos dos años desde que la cuenta respectiva no haya tenido movimiento o no haya sido cobrada por el titular, la institución financiera formará una lista en el mes de enero siguiente…”, de la que “podrán omitirse las acreencias inferiores al equivalente de una unidad de fomento”. Asimismo, el artículo señala que después de tres años de la conformación de la lista, la acreencia caducará, perdiendo el titular los derechos, y los valores deberán ser enterados en la Tesorería Regional o Provincial que corresponda.

Al respecto, cuando se toma comprensión de este concepto financiero y de la información cuantitativa aportada por la SBIF, sorprende, primero la alta cifra monetaria, pues exceden los $50 mil millones, y segundo, el alto número de acreencias, las que totalizan 91.212, configurando un valor monetario promedio por acreencia de $548.173, lo que no representa un valor para despreciar.

mauricio andrés burgos navarreteAl reflexionar por qué se llega esta situación, la que seguro podría responder a algo como “descuido”, “relajo”, descontrol, fallecimiento, u otro, lo que se marca esencialmente es una falencia en la gestión de las finanzas, especialmente con algo tan relevante y necesario con el dinero, como es su control, y a lo que se puede agregar en este panorama que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pues alguien debe estar sonriendo con esta indisciplina financiera.

A propósito: ¿usted no estará en la lista para recuperar su acreencia? Tic, tac; el tiempo corre.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Vencer la fuerza de las creencias

Por mucho tiempo hemos estado habituados a los llamados triunfos morales, esa condición que nos habla del “casi”. Casi fuimos campeones, casi ganamos el partido, pero nunca un logro real, contundente y absoluto.

Estas experiencias llevadas al fútbol siempre fueron confirmando que el triunfo es sólo para algunos, aquellos bien dotados, mejor preparados o con alguna suerte de protección de algún ángel o divinidad. Pero de un tiempo a esta parte parece ser que lograr lo imposible es posible. Que la voluntad, la perseverancia, la disciplina y, sobre todo, la constancia a toda prueba, son sin duda la llave del éxito.

No sólo en el fútbol, sino en cualquier campo de actividad que deseemos emprender, el triunfo no es la suerte, no es la protección de alguna divinidad o del amuleto, es algo más simple que eso. Es la convicción más absoluta de que yo puedo, de que nosotros podemos, independiente de cualquier condición.

Nos pone frente a la inevitable confrontación de nuestras creencias que se transforman en habitantes permanentes de nuestro hogar interior y que nos dicen una y otra vez que para ser exitoso hay que tener ciertas condiciones, como si acaso ya no las tuviéramos. El triunfo de esta selección frente a equipos y rivales extraordinarios nos muestra que nada es imposible y que el único enemigo que nos tiene cautivo es lo que finalmente creemos de nosotros mismos, fantasma que ronda alrededor nuestro.

Victor Cabrera - Psicologia

El triunfo de este equipo no sólo muestra sus cualidades individuales de cada integrante, sino que también una férrea unión y convicción colectiva de que todo es posible, de que nada nos va a vencer, como si ello fuera un mantra que da fuerza, ímpetu y, sobre todo, una irrefrenable valentía de ser.

Vamos Chile que se puede, esa es la consigna.

Magíster Víctor Cabrera, docente Clínica Psicológica. U. Autónoma de Chile, Santiago.

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El Ahorro Previsional Voluntario

El Ahorro Previsional Voluntario (APV), teóricamente, es una alternativa de ahorro para todo tipo de persona que genera ingresos, ya sea en forma dependiente (con empleador) o independiente (sin empleador). Es denominado “Previsional y Voluntario” porque, por un lado, la administración del ahorro está asociada a alguna institución previsional, principalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aunque también gestionan este tipo de ahorros las compañías de seguros y administradoras de fondos mutuos (entre otras instituciones financieras)  y, por otro, es voluntario debido a que no corresponde a una exigencia legal previsional, sino más bien a un nuevo instrumento de ahorro personal disponible en el mercado financiero.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el APV fue creado finalmente para mejorar las pensiones de los jubilados en Chile, dado el bajo nivel de pensiones que evidencia el actual sistema de AFP. Por lo que también se asocia a una política pública que, por un lado, incentiva el incremento del ahorro previsional y, por otro, desincentiva al retiro de los fondos ahorrados voluntariamente. Para tal efecto, la autoridad ha dispuesto de dos modalidades tributarias: a) Pagar los impuestos correspondientes a su renta imponible tributaria aun cuando exista APV y b) No pagar los impuestos al hacer el ahorro en el APV.

En el primer caso, el contribuyente tiene el beneficio de no tributar por este ahorro al momento de retirar los fondos, sólo lo hará por la eventual rentabilidad obtenida. Además, tiene un beneficio adicional de un bono fiscal equivalente al 15% del APV.  En cambio, para el segundo caso, el contribuyente puede rebajar inmediatamente de su base imponible tributaria el monto ahorrado en el APV, sin embargo, al momento de retirar los fondos deberá pagar los impuestos correspondientes. Con esto queda muy claro que se genera un beneficio tributario sólo en el caso que el ahorro voluntario se destine finalmente para aumentar la jubilación, en caso contrario, si los fondos se retiran para otros usos se deberá pagar de una y otra forma los impuestos respectivos.

Si bien es valorable contar con una nueva opción de ahorro y adicionalmente un incentivo tributario, es paradójico que, a pesar de ser parte de una política pública, el APV sea realmente significativo sólo para la población de mayores ingresos del país, ya que son ellos finalmente quienes tienen la opción de realizar un importante ahorro previsional voluntario y además pueden hacer efectiva la rebaja tributaria a su elevada base imponible.

Guillermo Riquelme2

Muy por el contrario, para la población de menores ingresos, con remuneraciones imponibles por debajo de los $600.000 (57% de los trabajadores que imponen en el país, según la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2017), el ahorro voluntario, evidentemente, no es una posibilidad. Y aunque hicieran el esfuerzo de ahorrar voluntariamente, tampoco se podría hacer efectiva la rebaja tributaria, ya que para ello se requiere estar en un tramo de renta que este afecto al impuesto único de primera categoría, lo que actualmente implica tener una renta imponible por sobre los $624.000.

Dr. Guillermo Riquelme Silva, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social  (CEGES). U. Autónoma de Chile – Talca

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El liderazgo no tiene género

Sin ser feminista, creo en la pluralidad y diversidad, más allá de la igualdad jurídica homogeneizante que no rescata aquella riqueza de lo múltiple y excepcional. Por lo mismo, veo con horror como, últimamente, los esfuerzos de las sufragistas (1935-1949) por encontrar su propia zona política de demanda y responsabilidad constitucional en este país, aún enfrentan subyugación y retardo.

Si bien, el fenómeno es global, en Chile las lideresas políticas tienen baja representación como votantes y en puestos de alta dirección, tanto de la administración pública, como del sector privado o la academia. Sin con eso querer tocar, siquiera, el tema de las remuneraciones.

Lejos están de conseguir paridad en el poder legislativo, alcanzando un exiguo casi 16%, mientras que en la zona municipal menos del 13% logran alcaldías y cerca del 25% concejalías, lo que podría mejorar con la Reforma al Sistema Electoral y cuotas de género.

Esto es pernicioso pues minimiza el potencial de las lideresas para aportar, efectivamente, al desarrollo del país, mediante un ampliado ejercicio de gobernanzas asentadas en Políticas de Reconocimiento, que por su ausencia han dado paso a discursos, acciones y arquetipos que agravian su realidad de mujeres. Si bien, existen esfuerzos como “el llamado a la paridad y equidad total de aquí a 2030”, citado en el encuentro “Mujeres y Poder: Construyendo un Mundo Diferente- 2015“, sobre acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial Beijing, China – 1995, la tarea aún es ardua.

Talca-Director Trabajo Social- Víctor Yañez Pereira (web)

Quizá, debamos recuperar ese poder revalorando lo micro-social, cotidiano y territorial, donde las organizaciones vivas y sus redes de cooperación son promovidas por el pensamiento, la voluntad y el juicio femenino. Donde la política elitista no llega, pero el poder de las lideresas se deja sentir intensamente, en sus firmes convicciones por construir barrialidades más seguras, solidarias y comprometidas, distribuyendo formas de participación ciudadana encaminadas hacia el bienestar integral, reivindicando derechos, así como incluyendo y respetando la diversidad, pues entienden que el liderazgo exige concertación y no concentración del poder de decidir. Tal vez allí radica el puente  para incidir en las agendas regionales e incluso nacionales del desarrollo público-privado con equidad de género.

Mg. Víctor Yáñez Pereira, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades – Director CEGES, Maule – Universidad Autónoma de Chile

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Terror digital

No cabe duda que en estos últimos días hemos sumado una nueva palabra en nuestro vocabulario. Un vocablo, el cual en periodo previo quizás no atendimos, si es que se nos llegó a cruzar por nuestro camino. ¿Cuál es? Ransomware.

Los últimos días han sido tensos: cuidados con la red de la empresa, restricción de acceso a algunas páginas masivas, evitar efectuar transferencias electrónicas, no acceder a páginas de correos personales desde la red de la empresa, y otras medidas. ¿Todo ello para qué? Para evitar ser uno de los afectados por el virus WannaCry (quieres llorar), el cual secuestra equipos computacionales, se propaga en su contagio, y  para poder recuperarlos, hay que pagar un rescate.

Los orígenes de la vulnerabilidad explotada y el virus, conforme algunas publicaciones, habría surgido de un hecho bien especial, un fallo de un órgano de seguridad del gran país del norte, y cuyos alcances no han sido menores, involucrando unos 150 países, y al menos unos 200.000 computadores afectados.

Nuestro país, si bien no muestra los síntomas de una epidemia, debemos entender que eso es porque efectivamente no lo ha sido, o bien porque hay un tema de recelo en querer reconocer, informar y comunicar que hemos sido afectados.

mauricio andrés burgos navarrete

Uno no es un perito en seguridad, pero deberíamos asimilar en nuestro diario quehacer algunas prácticas que tiendan a evitar riesgos, y en ello, algunos consejos: disponer, utilizar y actualizar software de seguridad en equipos; actualizar sistemas operativos; evitar acceder a sitios web de dudosa seguridad y bajar apps “extrañas”; evitar emails, archivos y redes wifi de insegura calidad.

Un experto en el tema señaló: “cuando pasa algo es cuando se toman medidas con un daño de por medio”. A lo que habría que agregar que ese daño, a veces no es posible reparar, y con ello probablemente consecuencias monetarias y no monetarias. Por ello, como señala un refrán: prevenir, es mejor que curar. Lo débil del decir, es que algunas veces no hay cura. No nos expongamos a eso.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Los algoritmos: la libertad de no elegir

El avance de la tecnología ha permitido establecer herramientas que buscan facilitar ciertas elecciones cotidianas, una de ellas son los algoritmos, serie de cálculos que jerarquizan la información y esperan predecir lo que queremos.

Recientemente Netflix ha anunciado un cambio en este dispositivo, en un intento por acercarse más a nuestros gustos. Esta compañía no es la única, el algoritmo de Google por ejemplo, instala en las primeras posiciones lo que espera sea de nuestra preferencia; y el de Amazon por su parte nos recomienda libros y artículos que nos podrían interesar.

¿Cuál es la lógica detrás de estos dispositivos socio-técnicos? El raciocinio es que si nuestro comportamiento pasado ha sido de una determinada manera, y personas similares a nosotros han actuado de forma análoga, nuestro comportamiento futuro seguirá ciertos patrones, los cuales son fácilmente reconocibles a partir del comportamiento de los otros.

Para Dominique Cardon es contradictorio que en una época donde las personas por medio de sus representaciones, ambiciones y proyectos se piensan como sujetos autónomos, los cálculos algorítmicos atrapen sus deseos a la regularidad de sus prácticas. Aquellos que critican con mayor ahínco la pérdida de la “libertad” del ser humano son quienes quizás, y sin darse cuenta, utilizan con mayor frecuencia esta infraestructura de cálculos para efectuar elecciones prácticas y así poder dedicarse a labores de más alto rango intelectual. La elección de no elegir se encuentra socialmente distribuida.

Así, para quienes utilizamos estos dispositivos, los cálculos digitales guían nuestras preferencias y atan nuestras elecciones a conductas pasadas. Aquellos que no cuentan con los medios – económicos, sociales y cognitivos- para utilizar esta tecnología, limitarían sus posibilidades de elección y con ello su libertad, aunque ésta sea tecnológicamente guiada.

Si, como señala Jean Paul Sartre: el hombre está condenado a ser libre, en tanto la libertad es constitutiva del ser humano y en cada elección nos construimos, cabría preguntarse: ¿Qué futuro nos deparan las elecciones tecnológicamente asistidas? ¿Qué dicen éstas de nosotros? ¿Cuáles son nuestras alternativas?

Dr. Felipe Tello N (web)Alguien podría apuntar a un rechazo absoluto a las nuevas tecnologías y un retorno a un pasado primigenio. Otra posibilidad sería abandonarse de manera acrítica a los dispositivos que la técnica pone a nuestra disposición. Una tercera opción es ser vigilantes, percibir cuál es la lógica de estas herramientas. Quizá el primer paso sea comprender qué elegimos cuando elegimos no elegir.

Dr. Felipe Tello Navarro, Centro de Gestión Social (CEGES). Universidad Autónoma de Chile.

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Desorden Operacional

La reciente publicación que muestra falencias en el quehacer de un organismo de Corporación de Desarrollo Social ligado a una connotada municipalidad del país, y cuya gestión además va decorada con un déficit millonario, resulta de interés no solo por la imagen del preliminar “descuidado” uso de fondos, sino también en especial, por algunas deficiencias operativas que fueron detectadas tras ellas.

Tales anormalidades que surgieron de reporte de auditoría realizada por una de las denominadas “Big Four”, y solicitada por la actual administración municipal, no puede ser mirado por sobre el hombro, pues organizaciones de distinta índole, públicas o privadas, de gran o micro tamaño, con o sin fines de lucro, u otra apreciación distinta, podrían perfectamente utilizar las situaciones resaltadas por la revisora como una especie de “check list” básico para evaluar el buen o mal desempeño que se está desarrollando.

Al respecto, algunas de las situaciones cuestionadas son: a) inexistencia de antecedentes para auditar gestión de un año,  b) inexistencia de conciliaciones bancarias, c) gastos sin documentación de respaldo, d) sistema informático implementado a medias, e) problemas con los balances, f) compras sin presupuesto, g) fondos públicos no acreditados y en una sola cuenta, y h) inventarios de productos no ingresados al sistema contable.

mauricio andrés burgos navarreteLas organizaciones sin distingo de condición, requieren funcionar sobre la base de una estructura que vele y salvaguarde el buen uso de los recursos físicos, monetarios e/o intangibles, a fin de contribuir no sólo a su crecimiento, sino también al de sus propietarios, pero en una entidad de carácter público, adquiere relevancia mayor, pues los recursos que están en juego, y de lo cual mayormente se resiente, son provenientes de las arcas fiscales, contándose en sí los aportes de los ciudadanos, los que requieren en un acto de confianza y respuesta de “buen y sano gobierno y/o gestión pública”, que sean bien utilizados por las autoridades y/o las personas en quien éstos han delegado funciones y tareas pertinentes.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

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Atentado en Estocolmo

1491572357_425004_1491589331_noticia_fotogramaEl reciente atentado terrorista en Estocolmo, capital de un Estado miembro de la Unión Europea desde 1995, habría sido ejecutado por un ciudadano de la República de Uzbekistán, cuya solicitud de asilo en Suecia fue rechazada por sus autoridades.

Una consecuencia indirecta de este acto de terror, será una mayor presión para el sistema europeo de derechos fundamentales, alineado -con muchas dificultades- con los principios consagrados por Naciones Unidas y las interpretaciones de sus agencias especializadas.

A pesar de que el ciudadano uzbeco tenía una orden de expulsión europea para su devolución a su país de origen o a un tercero seguro, motivos prácticos hacen que este mandato sea inviable en muchas ocasiones.

Antonio MuñozLas órdenes de expulsión tienen como destinatarios solicitantes de asilo rechazados, como es este caso, e inmigrantes irregulares. Ellas no implican necesariamente una detención preventiva y cuando esta se da, se exigen unos motivos precisos y claros, un período de tiempo máximo y estándares mínimos para su cumplimiento.

En situaciones como ésta, el difícil binomio derechos humanos-seguridad se manifiesta en su máxima expresión.

El resultado de esta acción terrorista, como otras ocurridas en Europa, es una gota que colma el vaso. A pesar del repudio inmediato de la sociedad civil, debe llevarnos a una profunda reflexión entre seguridad y derechos humamos en tiempos convulsos.

En se ejercicio, se deben evitar los extremismos y la demagogia fácil, que poco hacen por sembrar las semillas de una cohabitación pacífica entre culturas y modelos políticos diversos.

Prof. Dr. Antonio Muñoz Aunión, Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

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