Atentado en Estocolmo

1491572357_425004_1491589331_noticia_fotogramaEl reciente atentado terrorista en Estocolmo, capital de un Estado miembro de la Unión Europea desde 1995, habría sido ejecutado por un ciudadano de la República de Uzbekistán, cuya solicitud de asilo en Suecia fue rechazada por sus autoridades.

Una consecuencia indirecta de este acto de terror, será una mayor presión para el sistema europeo de derechos fundamentales, alineado -con muchas dificultades- con los principios consagrados por Naciones Unidas y las interpretaciones de sus agencias especializadas.

A pesar de que el ciudadano uzbeco tenía una orden de expulsión europea para su devolución a su país de origen o a un tercero seguro, motivos prácticos hacen que este mandato sea inviable en muchas ocasiones.

Antonio MuñozLas órdenes de expulsión tienen como destinatarios solicitantes de asilo rechazados, como es este caso, e inmigrantes irregulares. Ellas no implican necesariamente una detención preventiva y cuando esta se da, se exigen unos motivos precisos y claros, un período de tiempo máximo y estándares mínimos para su cumplimiento.

En situaciones como ésta, el difícil binomio derechos humanos-seguridad se manifiesta en su máxima expresión.

El resultado de esta acción terrorista, como otras ocurridas en Europa, es una gota que colma el vaso. A pesar del repudio inmediato de la sociedad civil, debe llevarnos a una profunda reflexión entre seguridad y derechos humamos en tiempos convulsos.

En se ejercicio, se deben evitar los extremismos y la demagogia fácil, que poco hacen por sembrar las semillas de una cohabitación pacífica entre culturas y modelos políticos diversos.

Prof. Dr. Antonio Muñoz Aunión, Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

Ley que regula el cobro de servicios en estacionamientos de pago

Diversos actores han puesto en duda la nueva ley que regula el cobro de servicios de estacionamientos, especialmente si se avanzó en otorgar una mayor protección a los consumidores.

Lo que pretendían estos era obtener una media hora mínima de gratuidad en el uso de estacionamientos en centros comerciales (llegando a dos horas en caso de haber comprado). Lo que más asombra, es que algunos aún crean en la gratuidad de los servicios, pretendiendo por ley que los costos que significa en este caso el uso de un estacionamiento los asuma el proveedor del servicio y no quien se beneficia, llegando a considerar el uso de un estacionamiento como un “derecho social”. Al poco andar, se hubieran adoptado los mecanismos necesarios para traspasar al mismo consumidor la media hora gratis o inclusive las dos horas como se pretendía por algunos, pero no por imposición legal, sino que por los ajustes que realizaría el propio mercado (aumentando el precio de arriendo de los locatarios y por ende en una posible alza de precio de los productos vendidos por estos). Según cifras que maneja el propio sector, el 60% de los consumidores que asisten a un mall lo hacen sin automóvil, por lo que hubiese sido injusto que también se traspasara dicho costo a estos consumidores que utilizaron el transporte público para llegar a comprar.

Los beneficios de esta nueva ley saltan a la vista: Cobro por uso real, es decir sin derecho al “redondeo al alza”, se elimina el castigo por pérdida de ticket y gratuidad para quienes asisten a urgencia a un servicio de salud o tengan dificultad física para su desplazamiento. Sobre la obligación del proveedor de responder por los daños ocasionados, nuestros tribunales ya imponían este deber a las concesionarias, sin embargo, la ley introduce regulaciones que por un lado imponen responsabilidad, pero por otro evita los abusos de los consumidores.

No obstante, estos beneficios han quedado empañados por el alza de precio que han experimentado la mayoría de los estacionamientos. El sentir y entender ciudadano es que esta ley es un abuso y que favorece a las empresas proveedoras.

Lamentablemente nuestros legisladores no quisieron tener en cuenta  la advertencia de esta regulación y sus efectos en los precios para los consumidores. Era previsible que los precio subieran, no existía claridad de cuanto iban a subir, es cierto, pero si se imponen mayores exigencias o se cambia la estructura de cobro de precios, claramente para algunos el precio del estacionamiento será mas alto. Digo para algunos, ya que el precio no ha subido para todos, sino que para ciertos consumidores que ingresan por periodos de tiempo más prolongados, éstos terminan pagando más, ya que los consumidores que están por menos de media hora, pagan menos, puesto que ahora se les cobra por minutos y no se les redondea el precio hacia arriba. De esta forma, si estoy 10 minutos antes pagaba alrededor de 500 pesos, en cambio hoy en muchos estacionamientos el consumidor paga la mitad e incluso menos.

Estos últimos días se han presentado 5 iniciativas de ley que vuelven al ataque y pretenden restablecer lo que pretendía el proyecto original, es decir la gratuidad para la primera media hora y, en el caso de comprar, esta gratuidad se extendería hasta 2 horas.

Dr. Sebastián Bozzo H.Al parecer algunos de nuestros parlamentarios no entienden aún los efectos que puede tener la regulación en ciertas áreas, y en especial cuando se pretende cumplir con ciertos slogan políticos como la gratuidad. Como ya señalamos, al final siempre alguien debe pagar y, esta vez, como dice el dicho popular, quien pago fue “MOYA”, lo que pasa es que ahora “MOYA” en Chile tiene automóvil.

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Director del Centro de Regulación y Consumo, de la Universidad Autónoma de Chile.

Elección de Intendentes

mapa_administrativo_de_chileLa aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que permite la elección directa de los gobernadores regionales, obliga a matizar la afirmación de varios parlamentarios mal aconsejados y otras asociaciones, por ejemplo, según la cual profundizará la democratización de las regiones.

En verdad no se trata de una profundización de la democracia regional, sino solo un cambio del modelo de elección del ejecutivo regional.

Efectivamente, el actual artículo 113 inciso 5 de la Constitución, establece un sistema parlamentario donde “el Consejo Regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros”, lo que no necesita de reforma alguna para ser aplicado.

El cambio aprobado hace algunos días es solo una reproducción de la forma de gobierno del Estado a nivel regional. Sus defensores confunden regímenes políticos de gobierno (parlamentario, presidencial, semipresidencial) con democratización y autonomía. ¿Acaso las Comunidades Autónomas españolas o las regiones francesas son menos democráticas que las chilenas porque funcionan sobre el modelo parlamentario y no presidencial?

dr-benoit-delooz-bajaPor otro lado, afirmar que correspondía tramitar las reformas de elección y traspaso de competencia en forma separada es un craso error. Es evidente que “descentralizar autoridades” -¡que ya son descentralizadas!- sin competencias a ejercer, no tiene más sentido que descentralizar competencias sin órganos para ejercerlas.

Así se han perdido meses, puesto que, debido a una falla en la gestión del trabajo legislativo, la entrada en vigencia de la reforma depende ahora del trámite de ley que traspasa competencias a las regiones, misma que no necesitaba de reforma constitucional.

La única reforma indispensable no es constitucional: es la del trabajo legislativo, y quizás más aún, de las ideas.

Dr. Benoît Delooz, Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

 

Elección de Intendentes

gobierno-regionalEl proyecto de reforma constitucional sobre elección popular del Gobernador Regional (actual Presidente del Consejo regional) –que debe pasar a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados- llama la atención al menos en tres aspectos.

En primer lugar, si algunos la denominan como “la madre de todas las reformas de descentralización”, es sin duda una aproximación exagerada.
Lo importante son las competencias del Gobierno regional y su grado de autonomía para ejercerlas. Una región que no dispone de poder de acción ni de recursos para utilizar libremente, es solo un agente de la autoridad superior que ejecuta la competencia material que aquél supuestamente le atribuyó. En verdad, no tiene real competencia.

Por otro lado, los nombres tienen importancia. ¿Por qué llamar a instituciones “gobierno regional” y “gobernador regional” cuando no gobiernan, sino que solo administran? La elección les confiere el color y el sabor de lo político, pero siguen siendo órganos administrativos. Esa nomenclatura solo generará mayor confusión.

En tercer lugar, causa extrañeza que al mismo tiempo que muchas voces abogan por reformar el presidencialismo chileno, se decida reproducir el esquema presidencial a nivel regional. En su artículo 113 inciso 5, la Constitución Política establece un sistema más bien parlamentarista que no necesita de reforma alguna para ser aplicado, como lo ha recordado la Contraloría General de la República en su dictamen Nº21.666 del año 2014.

dr-benoit-delooz-bajaQue el ejecutivo regional sea elegido de modo directo por los electores o los consejeros, resulta casi cosmético en relación a su independencia respecto al poder central.

Dr. Benöit Delooz
Instituto de Investigación en Derecho
Universidad Autónoma de Chile

Canciller iraní en Chile: el difícil equilibro

PetróleoLa reciente visita oficial a Chile del Canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se explica por la necesidad del régimen de utilizar la vía abierta tras el fin de las sanciones económicas impuestas por Naciones Unidas, de reconstruir los lazos económicos y forjar nuevas alianzas.

De hecho, fue la primera visita a la República de Chile desde el advenimiento de la Revolución de 1979.

El regreso de Irán a la comunidad internacional, posterior a su compromiso de abandonar la energía nuclear como arma de disuasión, es una grata noticia.

La firma de acuerdos comerciales beneficiará a la industria exportadora chilena, mejorando la balanza de pagos.

También para restar apoyos -o al menos ‘equilibrar la cancha’- en la relación bilateral con Bolivia, que lo ayudó a sortear el embargo de Naciones Unidas y que, en reciprocidad, la aAntonio Muñozpoya en sus reivindicaciones territoriales contra Chile.

Pero no se deben desatender aspectos con los que Irán no tiene gran apego. Sus posturas muestran débiles o inexistentes compromisos con aspectos claves para la comunidad internacional en materia de derechos humanos, como la pena de muerte, el trato a las minorías, la libertad religiosa, la situación de mujeres y menores, las diatribas bélicas y vengativas contra el Estado de Israel, o su participación discreta en Siria y Afganistán.

Todos estos temas, de forma velada y con la habilidad diplomática del anfitrión, debieron haber sido parte de la agenda de una visita que, por incómoda que se le haya calificado, sin duda será otro peldaño más en la forja de lo que se denominara alianza de civilizaciones en el nuevo milenio.

 Dr. Antonio Muñoz, Instituto de Investigaciones en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

Brexit: ¿una puerta con múltiples cerraduras?

imagesEl referéndum popular que certifica la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, abre interrogantes respecto a la formalización de la salida.

La UE constituye un modelo de integración cuya complejidad, ideales y compromisos, hacían inviable una salida unilateral y aceptada por el resto de miembros; a lo sumo se podía negar el derecho a voto en circunstancias excepcionales.

Si bien Argelia y Groenlandia lo hicieron antes, el peso y alcance del Reino Unido no tiene parangón.

El artículo 50 del Tratado de la UE prevé un mecanismo de retiro unilateral. En resumen, establece que el país deberá notificar su intención al Consejo Europeo, que a su vez definirá las directrices del acuerdo previa aprobación del Parlamento Europeo, entrando en vigor a más tardar dos años después de la notificación definitiva.

Antonio MuñozEs un texto intencionadamente redactado en forma imprecisa. No indica fechas ni formas de activar el artículo, lo cual invita a un largo período de incertidumbre a la que no ayuda la dimisión del Primer ministro británico que prorroga la agonía e inestabilidad financiera hasta el próximo otoño.

Una vez que se inicien las negociaciones, que pueden extenderse sine die, la posición británica tendrá que definir qué partes del Tratado desean rescatar para firmar un Acuerdo de Asociación Reforzado con la UE para convertirse en socio privilegiado de la zona Euro.

El epílogo de esa negociación será un claro aviso, tanto al resto de los socios como a aquellos externos, en cuanto a que la salida de la Unión Europea no es una alternativa sin costo.

El Reino Unido amanecerá con un grado de soberanía mayor pero, para bien o para mal, sin el umbral de la solidaridad europea ya preconizada por Robert Schumann en los años cincuenta y eje para la gran transformación que ha sufrido el continente.

Dr. Antonio Muñoz, Instituto de Investigaciones en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

¿Libertad de prensa en jaque?

periodistasLlaman la atención los dichos de la Presidenta Bachelet en reciente entrevista a Radio Zero, en que señala “no me interesa que haya un castigo” tras la querella presentada contra periodistas de revista Qué Pasa. Su abogado, el señor Juan Pablo Hermosilla, en términos similares señaló que “las penas en Chile inferiores a 5 años se cumplen en libertad”, pese a que en el libelo solicitan una pena de 3 años de cárcel efectiva.

Si no se busca penas de privación de libertad, ¿por qué entonces presentar una querella criminal?

Tanto la Presidenta como su abogado debiesen comprender que toda acción jurídica de esa naturaleza puede culminar en una sentencia condenatoria con penas de cárcel, pues la ley simplemente “faculta” al Tribunal para sustituir las penas privativas de libertad por la de remisión condicional u otra pena alternativa, pero en ningún caso lo ordena imperativamente (Artículo 1°, Ley 18.216).

CapturaPor otro lado, y desde la dogmática penal, la doctrina ha reconocido de manera amplia el denominado animus narrandi o la mera intención de contar o narrar algo. Por ejemplo, aquélla referida a la legítima labor periodística de informar, la cual excluye el sí ilícito animus injuriandi o de injuriar, propio de quien quiere dañar el honor u honra de una persona.

Así, resulta evidente la inviabilidad de la querella presentada, pues carece de fundamentos dogmáticos e incluso constitucionales, activando innecesaria y desproporcionadamente el aparato jurisdiccional, con fines eminentemente políticos.

Alejandro Leiva López, Director carrera de Derecho Universidad Autónoma de Chile en Santiago.

¿Cuándo tendrá Chile un Ombudsman?

genteHace 25 años que se han presentado proyectos de Ombudsman en Chile (Defensor del Pueblo, Ciudadano o de las Personas), y aún somos el único país de Latinoamérica en no tener a dicha institución en nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, es una institución que tiene su origen en Suecia, la que se consagró por primera vez en la Constitución de dicho país en 1809, mientras que Chile buscaba su independencia. Se creó para equilibrar los poderes del Estado, como también proteger los derechos de los ciudadanos ante irregularidades de la Administración Pública. Actualmente incorpora su quehacer en la defensa de los Derechos Humanos respecto del poder público. Posteriormente, la figura se expandió a prácticamente toda Europa en el siglo XX (solamente el Vaticano, Bielorrusia y San Marino no tienen). Luego, en la tercera mitad del siglo XX y durante el siglo XXI, en Latinoamérica se ha incorporado la institución en todos sus países, exceptuando a Chile.

¿Qué se ha hecho en Chile?  En 1985 se fundó  el Capitulo Chileno del Ombudsman, para diseñar y perfeccionar el sistema democrático que estaba pronto a llegar con el establecimiento de dicha institución. Es una institución no gubernamental que sigue vigente pero que no ha logrado su principal cometido en Chile, cual es, que se incorpore al ordenamiento jurídico chileno un Ombudsman, independiente de su denominación.

Juan Pablo Díaz FuenzalidaEn todo caso, ha habido proyectos legislativos y constitucionales de Ombudsman, pero no han tenido buenos resultados. En cuanto a proyectos de naturaleza constitucional destacan, el Proyecto de Reforma Constitucional sobre Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo, del año 1991 (estado archivado), y en el año 2008, el Proyecto de Reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas (tramitación pero sin movimiento). Y, a nivel legal es posible recordar el Proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre el Defensor del Pueblo de 1991 (estado archivado), el Proyecto de Ley que crea la Defensoría Nacional del Usuario del año 1997 (estado retirado), el Proyecto de Ley Crea el Defensor Ciudadano del año 2000, y otro con mismo título del año 2003, archivado y rechazado respectivamente.

Ya más reciente en la Reforma Constitucional que sustituye cada uno de los Capítulos de la Carta Fundamental, de 11 de junio de 2015 (tramitación), aunque por ahora no tiene “urgencia” legislativa, considera en el Capítulo XII, artículos 102 y 103 un Ombudsman, denominándolo “Defensoría de las personas”.  Es decir, con rango constitucional y dejando a una Ley orgánica los detalles de la orgánica y funcionamiento. No obstante, ¿Será necesario esperar un reforma constitucional que sustituya todos y cada uno de los capítulos para consagrar un Ombudsman? Claramente no. Si se cambia o no la Constitución, es independiente la necesidad de actualizar nuestro sistema jurídico en materia de Derechos Humanos, incorporando al Ombudsman. Como es una institución de “Control” del poder público, quizás por ello no sea tan urgente para algunos.

Juan Pablo Díaz Fuenzalida, Abogado, Magíster en Docencia Universitaria, Docente Derecho Constitucional en Universidad Autónoma de Chile.

Control de Identidad Preventivo

Gente-caminando Múltiples han sido las miradas críticas en relación a la denominada agenda corta anti delincuencia y la propuesta de un “control de identidad preventivo”.

Penalistas, sociólogos, políticos y representantes de diversas instituciones, han cuestionado esta iniciativa por la eventual vulneración de Garantías Fundamentales y una posible discriminación arbitraria.

No podemos desconocer que nos enfrentamos a un proceso penal insuficiente para una real disminución de la criminalidad. El sistema reconoce una serie de salidas alternativas que los delincuentes parecen conocer al dedillo, burlando la aplicación real de las normas penales sustantivas que ceden ante las meramente adjetivas contenidas en el Código Procesal Penal.

Sorprende la desconfianza en nuestras policías y en especial Carabineros de Chile. Los estudios y preparación que proporcionan las escuelas de Carabineros e Investigaciones, tienen por finalidad preparar a sus integrantes para enfrentarse diariamente al delincuente. Sin ir más lejos, Carabineros de Chile es una de las instituciones más respetadas en el país, incluso a nivel mundial.

Debemos permitir a las policías ejercer sus funciones, y en particular, aplicar su “intuición policíaca” altamente desarrollada. El policía que enfrenta diariamente al delincuente ha comprendido su modo de actuar, coexiste e incluso conversa con él. Así, más que nadie es capaz de identificarlo.Captura

En el actual sistema, el carabinero que realiza un control de identidad –al intuir que el delincuente está armado y lo descubre portando un arma de fuego- probablemente será sancionado y la detención declarada ilegal.

La iniciativa legal es correcta y en su substancia nos invita a confiar más en nuestras policías, en concordancia con la preparación que el Estado les proporciona, y así honrar la confianza que la gran mayoría de los chilenos deposita diariamente en ellos.

Alejandro Leiva López, Director carrera de Derecho, Universidad Autónoma de Chile, Santiago.