Revisión de correos electrónicos en el trabajo

La reciente sentencia de la Corte Europea (TEDH) supone el reconocimiento a un grado importante de respeto a la intimidad del trabajador en los envíos o recepción de correos electrónicos desde el puesto de trabajo, en tiempos refractarios a una amplia protección de derechos bajo la premisa de una mayor seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esta victoria no es baladí, principalmente porque supone una revocación de la decisión de una sala inferior por parte de la Gran Sala que termina obligando a los empleadores a dar avisos más explícitos a sus empleados si se disponen a monitorizar el uso de la Red.

El caso en cuestión se refiere al despido de un ingeniero rumano por intercambiar mensajes con su novia desde una cuenta de correo oficial sobre su salud sexual (hace 10 años).

En una votación con una mayoría de 11 a seis, los jueces de la Gran Sala fallaron a favor del señor Bogdan, quien sostenía que su derecho a la vida privada no había sido suficientemente amparado por las cortes nacionales de Rumanía, alegando que su derecho a la intimidad había sido conculcado cuando el buzón de su cuenta profesional Yahoo, que contenía tanto comunicaciones privadas como profesionales, había sido examinado por la empresa.

Los jueces de Estrasburgo entendieron que las cortes rumanas no habían alcanzado en sus razonamientos el equilibrio entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho de la empresa de asegurar que se estaban cumpliendo los protocolos laborales.

El empleador no puede reducir la vida social privada en el lugar de trabajo a un cero absoluto, y debe seguir existiendo el respeto a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones si bien estas puedan ser restringidas en casos muy puntuales cuando sea estrictamente necesario.

Este asunto va a ser objeto de un análisis exhaustivo en las escuelas de Derecho, debido a que la extensión de las comunicaciones difumina las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral, y de aquí saldrán nuevos límites en las relaciones contractuales entre empresario y fuerza laboral.

La empresa había revisado los correos enviados a su hermano y prometida de una cuenta online que se le había pedido crear para fines laborales, siendo que las reglas de la empresa prohibían los correos privados desde sus servidores online.

En su defensa, el trabajador sostuvo que había cumplido con el protocolo de la empresa, lo cual se comprobó no era el caso, al encontrarse mensajes privados y profesionales por lo que fue desvinculado. En el proceso legal ante las cortes nacionales e internacionales, su defensa mantuvo que estos mensajes debían quedar protegidos al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto a la vida privada, familiar y al secreto de la correspondencia.

En una primera decisión, la Sala de Estrasburgo en una mayoría de 6 a uno otorgó la razón a la compañía, considerando que había actuado en su derecho bajo la impresión de que toda la información que se encontrara estaría vinculada al trabajo del empleado. Sin embargo, la sala superior anuló esta decisión sobre la base de que el empleado no había sido avisado con anterioridad.

La sentencia que cierra toda posibilidad de recurso, si bien concede la existencia de la violación del artículo 8 del Convenio, no otorga compensación al considerar que la mera declaración era una satisfacción justa y suficiente.

En suma, a través de estas sentencias se cumple el razonamiento de que los textos de derechos humanos son instrumentos vivos y deben ser interpretados acorde a los tiempos, pero también somos conscientes de que algunos textos llevan más de siete décadas con nosotros y requieren una actualización a través de protocolos, enmiendas o convenios específicos en razón de la complejidad de la sociedad internacional de nuestros días.

Prof. Dr Antonio Muñoz Aunión, académico investigador del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

Desembolsos con sentido

En el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se indica que las asociaciones de consumidores “son organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores/as y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes lo soliciten, …”.

En el país su cantidad supera las 100, pudiendo acceder a recursos financieros del Estado, los que desde el 2010 ascienden a $2.345 millones, y que recientemente han sido causa de discusión, inquietud y expresiones en medios, ya que ante la potencial reforma al SERNAC, que incluiría también el aumento de estos fondos, se desconoce el impacto de algunas iniciativas que se desarrollan.

Quizás una de las grandes dudas que surgen en la ciudadanía respecto al uso de los recursos fiscales, ya sea por parte del mismo Estado, los entes que la conforman o las que reciben sus fondos, es si son usados adecuadamente.

En tal sentido, las palabras de W. Edwards Deming, promotor de la idea de la calidad total, “no se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”, deberían tornarse más valiosas en lo público y, por tanto, no debería bastar sólo con validar que: a) el desembolso sea efectivo, b) esté asociado a una actividad autorizada, y c) se encuentre debidamente respaldada, ya que en la relevancia de su naturaleza, debiesen encontrarse asociados a un objetivo que implique un efecto concreto, que mirado desde la concepción de estas organizaciones debería tener un alcance cuantitativo y/o cualitativo que se vincule directamente con el “beneficiario final”, pudiendo expresarse por ejemplo, en el número de defensas y su tasa de éxito, o bien, en el grado de satisfacción por estar informado y/o capacitado para dominar sus derechos, los que en un contexto de evaluación podrían ser rescatados, por ejemplo vía encuestas o entrevistas por un ente independiente, otorgando con ello la transparencia e imparcialidad que requiere el proceso.

Al finalizar, queda una interrogante: ¿habrán más recursos fiscales expuestos a una situación similar?

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

¿Tiene la nieve la culpa en el corte del suministro de electricidad?

El Decreto Supremo Nº 307 del año 1998 que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Electricos señala una serie de obligaciones a las empresas encargadas de suministrar electricidad. El artículo 145 establece que dichos proveedores “deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida..” A su vez el artículo 205 del mismo reglamento impone el “deber a los operadores encargados de la distribución de mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas sean de generación, transporte o distribución, para evitar así peligro para las personas o daños en las cosas”. Por último, el artículo 214 señala que los operadores de instalaciones electricas “deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, imponiendo incluso la obligación de concurrir con personal calificado en un plazo inferior a dos horas desde que los operadores tomen conocimiento de la falla”.

Revisada esta normativa parece claro que las demandas colectivas que se están presentando durantes estos días, tanto por parte del SERNAC como de Asociaciones de Consumidores o por grupos mayores a 50 consumidores, debiesen ser acogidas. No obstante, es necesario precisar qué obligaciones han incumplido realmente los operadores de suministro electrico y si concurre en este evento un caso fortuito o de fuerza mayor (en nuestro Derecho son sinónimos)

El primer punto que se debe abordar para dilucidar lo anterior, es si el incumplimiento es imputable a las empresas de servicios eléctricos o, por el contrario, no serían responsables por entender que el corte de suministro no le es imputable por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

El Código Civil en su artículo 45 señala que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” El Ministro de Energia ha sostenido por su parte que la nieve caída en Santiago el pasado 15 de julio no constituye una causal de fuerza mayor. Para determinar su existencia deberán los tribunales valorar el hecho de la naturaleza y si éste era posible de preveer, de resistir y si era ajeno por quien debía cumplir con su obligación.

Es posible que nuestros tribunales consideren que la nieve caída sí constituye un hecho de la naturaleza que no era previsible ni capaz de ser resistido, entendiendo de esta manera que la obligación de no entregar suministro eléctrico de forma continua e ininterrumpida no era imputable a las empresas y, por ende, no le cabría responsabilidad a éstas.

Sin embargo, el prolongado corte si puede ser de responsabilidad de las empresas, ya que no se cumpliría con el tercer requisito de la fuerza mayor, es decir que sea “ajeno” o “exterior” al deudor. Esto sería así, ya que como se señaló en el principio de esta columna, los operadores deben mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas, sean de generación, transporte o distribución, para evitar el peligro para las personas o daños en las cosas. Esta obligación al parecer si fue claramente incumplida por los proveedores, y no sólo el pasado 15 de julio, sino que también incumplieron las obligaciones que le impone el artículo 145 en el mes de junio, produciéndose cortes del suministro eléctrico debido a las fuertes lluvias que se produjeron en Santiago y en la región del Maule.

Los hechos además demostraron que se incumplio el artículo 214 del reglamento, dado que no contaban con el personal de emergencia suficiente que les permitiera concurrir en el breve plazo impuesto por la ley para reponer el suministro interrumpido.

Las empresas intentarán defenderse sostiendo que sí existio fuerza mayor y así eximirse de responsabilidad por no entregar suministro de forma continua e ininterrumpida. Pero se debe tener en cuenta que existían una serie de obligaciones que la ley les impone, y que en caso de cumplirse hubieran evitado las más de 72 horas de interrupción del suministro que vivieron cientos de miles de santiaguinos.

Dr. Sebastián Bozzo H.

En definitiva, no podrán eximirse alegando caso fortuito o fuerza mayor, ya que estuvo en sus manos cumplir con las otras dos obligaciones que les impone el reglamento, que es realizar un trabajo de mantención que evite poner en riesgo a las personas, y además contar con el personal suficiente que pemita asistir a la población frente a estos fenómenos. Por lo tanto, se cae el tercer elemento que debe reunir el caso fortuito, esto es, el carácter “exterior” que debe tener el mismo, y este es tal cuando el hecho es ajeno al deudor o, en otras palabras, cada vez que el suceso o sus consecuencias perjudiciales no derivan de su hecho o culpa.

 

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Director Centro Regulación y Consumo, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile

 

Acreencias bancarias

Revisando la lista de “Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad” recientemente preparada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF), no encontré alguna sorpresa monetaria en el documento.

Las Acreencias Bancarias, conforme el artículo 156 de la Ley General de Bancos señala en lo medular que “surgen al amparo de la caducidad de depósitos, captaciones o cualquier acreencia a favor de terceros derivadas de su giro financiero, comprendidas expresamente las provenientes de dividendos pagados a sus accionistas”, y que “trascurridos dos años desde que la cuenta respectiva no haya tenido movimiento o no haya sido cobrada por el titular, la institución financiera formará una lista en el mes de enero siguiente…”, de la que “podrán omitirse las acreencias inferiores al equivalente de una unidad de fomento”. Asimismo, el artículo señala que después de tres años de la conformación de la lista, la acreencia caducará, perdiendo el titular los derechos, y los valores deberán ser enterados en la Tesorería Regional o Provincial que corresponda.

Al respecto, cuando se toma comprensión de este concepto financiero y de la información cuantitativa aportada por la SBIF, sorprende, primero la alta cifra monetaria, pues exceden los $50 mil millones, y segundo, el alto número de acreencias, las que totalizan 91.212, configurando un valor monetario promedio por acreencia de $548.173, lo que no representa un valor para despreciar.

mauricio andrés burgos navarreteAl reflexionar por qué se llega esta situación, la que seguro podría responder a algo como “descuido”, “relajo”, descontrol, fallecimiento, u otro, lo que se marca esencialmente es una falencia en la gestión de las finanzas, especialmente con algo tan relevante y necesario con el dinero, como es su control, y a lo que se puede agregar en este panorama que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pues alguien debe estar sonriendo con esta indisciplina financiera.

A propósito: ¿usted no estará en la lista para recuperar su acreencia? Tic, tac; el tiempo corre.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

Vencer la fuerza de las creencias

Por mucho tiempo hemos estado habituados a los llamados triunfos morales, esa condición que nos habla del “casi”. Casi fuimos campeones, casi ganamos el partido, pero nunca un logro real, contundente y absoluto.

Estas experiencias llevadas al fútbol siempre fueron confirmando que el triunfo es sólo para algunos, aquellos bien dotados, mejor preparados o con alguna suerte de protección de algún ángel o divinidad. Pero de un tiempo a esta parte parece ser que lograr lo imposible es posible. Que la voluntad, la perseverancia, la disciplina y, sobre todo, la constancia a toda prueba, son sin duda la llave del éxito.

No sólo en el fútbol, sino en cualquier campo de actividad que deseemos emprender, el triunfo no es la suerte, no es la protección de alguna divinidad o del amuleto, es algo más simple que eso. Es la convicción más absoluta de que yo puedo, de que nosotros podemos, independiente de cualquier condición.

Nos pone frente a la inevitable confrontación de nuestras creencias que se transforman en habitantes permanentes de nuestro hogar interior y que nos dicen una y otra vez que para ser exitoso hay que tener ciertas condiciones, como si acaso ya no las tuviéramos. El triunfo de esta selección frente a equipos y rivales extraordinarios nos muestra que nada es imposible y que el único enemigo que nos tiene cautivo es lo que finalmente creemos de nosotros mismos, fantasma que ronda alrededor nuestro.

Victor Cabrera - Psicologia

El triunfo de este equipo no sólo muestra sus cualidades individuales de cada integrante, sino que también una férrea unión y convicción colectiva de que todo es posible, de que nada nos va a vencer, como si ello fuera un mantra que da fuerza, ímpetu y, sobre todo, una irrefrenable valentía de ser.

Vamos Chile que se puede, esa es la consigna.

Magíster Víctor Cabrera, docente Clínica Psicológica. U. Autónoma de Chile, Santiago.

El Ahorro Previsional Voluntario

El Ahorro Previsional Voluntario (APV), teóricamente, es una alternativa de ahorro para todo tipo de persona que genera ingresos, ya sea en forma dependiente (con empleador) o independiente (sin empleador). Es denominado “Previsional y Voluntario” porque, por un lado, la administración del ahorro está asociada a alguna institución previsional, principalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aunque también gestionan este tipo de ahorros las compañías de seguros y administradoras de fondos mutuos (entre otras instituciones financieras)  y, por otro, es voluntario debido a que no corresponde a una exigencia legal previsional, sino más bien a un nuevo instrumento de ahorro personal disponible en el mercado financiero.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el APV fue creado finalmente para mejorar las pensiones de los jubilados en Chile, dado el bajo nivel de pensiones que evidencia el actual sistema de AFP. Por lo que también se asocia a una política pública que, por un lado, incentiva el incremento del ahorro previsional y, por otro, desincentiva al retiro de los fondos ahorrados voluntariamente. Para tal efecto, la autoridad ha dispuesto de dos modalidades tributarias: a) Pagar los impuestos correspondientes a su renta imponible tributaria aun cuando exista APV y b) No pagar los impuestos al hacer el ahorro en el APV.

En el primer caso, el contribuyente tiene el beneficio de no tributar por este ahorro al momento de retirar los fondos, sólo lo hará por la eventual rentabilidad obtenida. Además, tiene un beneficio adicional de un bono fiscal equivalente al 15% del APV.  En cambio, para el segundo caso, el contribuyente puede rebajar inmediatamente de su base imponible tributaria el monto ahorrado en el APV, sin embargo, al momento de retirar los fondos deberá pagar los impuestos correspondientes. Con esto queda muy claro que se genera un beneficio tributario sólo en el caso que el ahorro voluntario se destine finalmente para aumentar la jubilación, en caso contrario, si los fondos se retiran para otros usos se deberá pagar de una y otra forma los impuestos respectivos.

Si bien es valorable contar con una nueva opción de ahorro y adicionalmente un incentivo tributario, es paradójico que, a pesar de ser parte de una política pública, el APV sea realmente significativo sólo para la población de mayores ingresos del país, ya que son ellos finalmente quienes tienen la opción de realizar un importante ahorro previsional voluntario y además pueden hacer efectiva la rebaja tributaria a su elevada base imponible.

Guillermo Riquelme2

Muy por el contrario, para la población de menores ingresos, con remuneraciones imponibles por debajo de los $600.000 (57% de los trabajadores que imponen en el país, según la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2017), el ahorro voluntario, evidentemente, no es una posibilidad. Y aunque hicieran el esfuerzo de ahorrar voluntariamente, tampoco se podría hacer efectiva la rebaja tributaria, ya que para ello se requiere estar en un tramo de renta que este afecto al impuesto único de primera categoría, lo que actualmente implica tener una renta imponible por sobre los $624.000.

Dr. Guillermo Riquelme Silva, Economista e Investigador del Centro de Estudios y Gestión Social  (CEGES). U. Autónoma de Chile – Talca

El liderazgo no tiene género

Sin ser feminista, creo en la pluralidad y diversidad, más allá de la igualdad jurídica homogeneizante que no rescata aquella riqueza de lo múltiple y excepcional. Por lo mismo, veo con horror como, últimamente, los esfuerzos de las sufragistas (1935-1949) por encontrar su propia zona política de demanda y responsabilidad constitucional en este país, aún enfrentan subyugación y retardo.

Si bien, el fenómeno es global, en Chile las lideresas políticas tienen baja representación como votantes y en puestos de alta dirección, tanto de la administración pública, como del sector privado o la academia. Sin con eso querer tocar, siquiera, el tema de las remuneraciones.

Lejos están de conseguir paridad en el poder legislativo, alcanzando un exiguo casi 16%, mientras que en la zona municipal menos del 13% logran alcaldías y cerca del 25% concejalías, lo que podría mejorar con la Reforma al Sistema Electoral y cuotas de género.

Esto es pernicioso pues minimiza el potencial de las lideresas para aportar, efectivamente, al desarrollo del país, mediante un ampliado ejercicio de gobernanzas asentadas en Políticas de Reconocimiento, que por su ausencia han dado paso a discursos, acciones y arquetipos que agravian su realidad de mujeres. Si bien, existen esfuerzos como “el llamado a la paridad y equidad total de aquí a 2030”, citado en el encuentro “Mujeres y Poder: Construyendo un Mundo Diferente- 2015“, sobre acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial Beijing, China – 1995, la tarea aún es ardua.

Talca-Director Trabajo Social- Víctor Yañez Pereira (web)

Quizá, debamos recuperar ese poder revalorando lo micro-social, cotidiano y territorial, donde las organizaciones vivas y sus redes de cooperación son promovidas por el pensamiento, la voluntad y el juicio femenino. Donde la política elitista no llega, pero el poder de las lideresas se deja sentir intensamente, en sus firmes convicciones por construir barrialidades más seguras, solidarias y comprometidas, distribuyendo formas de participación ciudadana encaminadas hacia el bienestar integral, reivindicando derechos, así como incluyendo y respetando la diversidad, pues entienden que el liderazgo exige concertación y no concentración del poder de decidir. Tal vez allí radica el puente  para incidir en las agendas regionales e incluso nacionales del desarrollo público-privado con equidad de género.

Mg. Víctor Yáñez Pereira, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades – Director CEGES, Maule – Universidad Autónoma de Chile

Terror digital

No cabe duda que en estos últimos días hemos sumado una nueva palabra en nuestro vocabulario. Un vocablo, el cual en periodo previo quizás no atendimos, si es que se nos llegó a cruzar por nuestro camino. ¿Cuál es? Ransomware.

Los últimos días han sido tensos: cuidados con la red de la empresa, restricción de acceso a algunas páginas masivas, evitar efectuar transferencias electrónicas, no acceder a páginas de correos personales desde la red de la empresa, y otras medidas. ¿Todo ello para qué? Para evitar ser uno de los afectados por el virus WannaCry (quieres llorar), el cual secuestra equipos computacionales, se propaga en su contagio, y  para poder recuperarlos, hay que pagar un rescate.

Los orígenes de la vulnerabilidad explotada y el virus, conforme algunas publicaciones, habría surgido de un hecho bien especial, un fallo de un órgano de seguridad del gran país del norte, y cuyos alcances no han sido menores, involucrando unos 150 países, y al menos unos 200.000 computadores afectados.

Nuestro país, si bien no muestra los síntomas de una epidemia, debemos entender que eso es porque efectivamente no lo ha sido, o bien porque hay un tema de recelo en querer reconocer, informar y comunicar que hemos sido afectados.

mauricio andrés burgos navarrete

Uno no es un perito en seguridad, pero deberíamos asimilar en nuestro diario quehacer algunas prácticas que tiendan a evitar riesgos, y en ello, algunos consejos: disponer, utilizar y actualizar software de seguridad en equipos; actualizar sistemas operativos; evitar acceder a sitios web de dudosa seguridad y bajar apps “extrañas”; evitar emails, archivos y redes wifi de insegura calidad.

Un experto en el tema señaló: “cuando pasa algo es cuando se toman medidas con un daño de por medio”. A lo que habría que agregar que ese daño, a veces no es posible reparar, y con ello probablemente consecuencias monetarias y no monetarias. Por ello, como señala un refrán: prevenir, es mejor que curar. Lo débil del decir, es que algunas veces no hay cura. No nos expongamos a eso.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco

Los algoritmos: la libertad de no elegir

El avance de la tecnología ha permitido establecer herramientas que buscan facilitar ciertas elecciones cotidianas, una de ellas son los algoritmos, serie de cálculos que jerarquizan la información y esperan predecir lo que queremos.

Recientemente Netflix ha anunciado un cambio en este dispositivo, en un intento por acercarse más a nuestros gustos. Esta compañía no es la única, el algoritmo de Google por ejemplo, instala en las primeras posiciones lo que espera sea de nuestra preferencia; y el de Amazon por su parte nos recomienda libros y artículos que nos podrían interesar.

¿Cuál es la lógica detrás de estos dispositivos socio-técnicos? El raciocinio es que si nuestro comportamiento pasado ha sido de una determinada manera, y personas similares a nosotros han actuado de forma análoga, nuestro comportamiento futuro seguirá ciertos patrones, los cuales son fácilmente reconocibles a partir del comportamiento de los otros.

Para Dominique Cardon es contradictorio que en una época donde las personas por medio de sus representaciones, ambiciones y proyectos se piensan como sujetos autónomos, los cálculos algorítmicos atrapen sus deseos a la regularidad de sus prácticas. Aquellos que critican con mayor ahínco la pérdida de la “libertad” del ser humano son quienes quizás, y sin darse cuenta, utilizan con mayor frecuencia esta infraestructura de cálculos para efectuar elecciones prácticas y así poder dedicarse a labores de más alto rango intelectual. La elección de no elegir se encuentra socialmente distribuida.

Así, para quienes utilizamos estos dispositivos, los cálculos digitales guían nuestras preferencias y atan nuestras elecciones a conductas pasadas. Aquellos que no cuentan con los medios – económicos, sociales y cognitivos- para utilizar esta tecnología, limitarían sus posibilidades de elección y con ello su libertad, aunque ésta sea tecnológicamente guiada.

Si, como señala Jean Paul Sartre: el hombre está condenado a ser libre, en tanto la libertad es constitutiva del ser humano y en cada elección nos construimos, cabría preguntarse: ¿Qué futuro nos deparan las elecciones tecnológicamente asistidas? ¿Qué dicen éstas de nosotros? ¿Cuáles son nuestras alternativas?

Dr. Felipe Tello N (web)Alguien podría apuntar a un rechazo absoluto a las nuevas tecnologías y un retorno a un pasado primigenio. Otra posibilidad sería abandonarse de manera acrítica a los dispositivos que la técnica pone a nuestra disposición. Una tercera opción es ser vigilantes, percibir cuál es la lógica de estas herramientas. Quizá el primer paso sea comprender qué elegimos cuando elegimos no elegir.

Dr. Felipe Tello Navarro, Centro de Gestión Social (CEGES). Universidad Autónoma de Chile.

Desorden Operacional

La reciente publicación que muestra falencias en el quehacer de un organismo de Corporación de Desarrollo Social ligado a una connotada municipalidad del país, y cuya gestión además va decorada con un déficit millonario, resulta de interés no solo por la imagen del preliminar “descuidado” uso de fondos, sino también en especial, por algunas deficiencias operativas que fueron detectadas tras ellas.

Tales anormalidades que surgieron de reporte de auditoría realizada por una de las denominadas “Big Four”, y solicitada por la actual administración municipal, no puede ser mirado por sobre el hombro, pues organizaciones de distinta índole, públicas o privadas, de gran o micro tamaño, con o sin fines de lucro, u otra apreciación distinta, podrían perfectamente utilizar las situaciones resaltadas por la revisora como una especie de “check list” básico para evaluar el buen o mal desempeño que se está desarrollando.

Al respecto, algunas de las situaciones cuestionadas son: a) inexistencia de antecedentes para auditar gestión de un año,  b) inexistencia de conciliaciones bancarias, c) gastos sin documentación de respaldo, d) sistema informático implementado a medias, e) problemas con los balances, f) compras sin presupuesto, g) fondos públicos no acreditados y en una sola cuenta, y h) inventarios de productos no ingresados al sistema contable.

mauricio andrés burgos navarreteLas organizaciones sin distingo de condición, requieren funcionar sobre la base de una estructura que vele y salvaguarde el buen uso de los recursos físicos, monetarios e/o intangibles, a fin de contribuir no sólo a su crecimiento, sino también al de sus propietarios, pero en una entidad de carácter público, adquiere relevancia mayor, pues los recursos que están en juego, y de lo cual mayormente se resiente, son provenientes de las arcas fiscales, contándose en sí los aportes de los ciudadanos, los que requieren en un acto de confianza y respuesta de “buen y sano gobierno y/o gestión pública”, que sean bien utilizados por las autoridades y/o las personas en quien éstos han delegado funciones y tareas pertinentes.

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco