En el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se indica que las asociaciones de consumidores “son organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores/as y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes lo soliciten, …”.
En el país su cantidad supera las 100, pudiendo acceder a recursos financieros del Estado, los que desde el 2010 ascienden a $2.345 millones, y que recientemente han sido causa de discusión, inquietud y expresiones en medios, ya que ante la potencial reforma al SERNAC, que incluiría también el aumento de estos fondos, se desconoce el impacto de algunas iniciativas que se desarrollan.
Quizás una de las grandes dudas que surgen en la ciudadanía respecto al uso de los recursos fiscales, ya sea por parte del mismo Estado, los entes que la conforman o las que reciben sus fondos, es si son usados adecuadamente.
En tal sentido, las palabras de W. Edwards Deming, promotor de la idea de la calidad total, “no se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”, deberían tornarse más valiosas en lo público y, por tanto, no debería bastar sólo con validar que: a) el desembolso sea efectivo, b) esté asociado a una actividad autorizada, y c) se encuentre debidamente respaldada, ya que en la relevancia de su naturaleza, debiesen encontrarse asociados a un objetivo que implique un efecto concreto, que mirado desde la concepción de estas organizaciones debería tener un alcance cuantitativo y/o cualitativo que se vincule directamente con el “beneficiario final”, pudiendo expresarse por ejemplo, en el número de defensas y su tasa de éxito, o bien, en el grado de satisfacción por estar informado y/o capacitado para dominar sus derechos, los que en un contexto de evaluación podrían ser rescatados, por ejemplo vía encuestas o entrevistas por un ente independiente, otorgando con ello la transparencia e imparcialidad que requiere el proceso.
Al finalizar, queda una interrogante: ¿habrán más recursos fiscales expuestos a una situación similar?
Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco