Revisión de correos electrónicos en el trabajo

La reciente sentencia de la Corte Europea (TEDH) supone el reconocimiento a un grado importante de respeto a la intimidad del trabajador en los envíos o recepción de correos electrónicos desde el puesto de trabajo, en tiempos refractarios a una amplia protección de derechos bajo la premisa de una mayor seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esta victoria no es baladí, principalmente porque supone una revocación de la decisión de una sala inferior por parte de la Gran Sala que termina obligando a los empleadores a dar avisos más explícitos a sus empleados si se disponen a monitorizar el uso de la Red.

El caso en cuestión se refiere al despido de un ingeniero rumano por intercambiar mensajes con su novia desde una cuenta de correo oficial sobre su salud sexual (hace 10 años).

En una votación con una mayoría de 11 a seis, los jueces de la Gran Sala fallaron a favor del señor Bogdan, quien sostenía que su derecho a la vida privada no había sido suficientemente amparado por las cortes nacionales de Rumanía, alegando que su derecho a la intimidad había sido conculcado cuando el buzón de su cuenta profesional Yahoo, que contenía tanto comunicaciones privadas como profesionales, había sido examinado por la empresa.

Los jueces de Estrasburgo entendieron que las cortes rumanas no habían alcanzado en sus razonamientos el equilibrio entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho de la empresa de asegurar que se estaban cumpliendo los protocolos laborales.

El empleador no puede reducir la vida social privada en el lugar de trabajo a un cero absoluto, y debe seguir existiendo el respeto a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones si bien estas puedan ser restringidas en casos muy puntuales cuando sea estrictamente necesario.

Este asunto va a ser objeto de un análisis exhaustivo en las escuelas de Derecho, debido a que la extensión de las comunicaciones difumina las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral, y de aquí saldrán nuevos límites en las relaciones contractuales entre empresario y fuerza laboral.

La empresa había revisado los correos enviados a su hermano y prometida de una cuenta online que se le había pedido crear para fines laborales, siendo que las reglas de la empresa prohibían los correos privados desde sus servidores online.

En su defensa, el trabajador sostuvo que había cumplido con el protocolo de la empresa, lo cual se comprobó no era el caso, al encontrarse mensajes privados y profesionales por lo que fue desvinculado. En el proceso legal ante las cortes nacionales e internacionales, su defensa mantuvo que estos mensajes debían quedar protegidos al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto a la vida privada, familiar y al secreto de la correspondencia.

En una primera decisión, la Sala de Estrasburgo en una mayoría de 6 a uno otorgó la razón a la compañía, considerando que había actuado en su derecho bajo la impresión de que toda la información que se encontrara estaría vinculada al trabajo del empleado. Sin embargo, la sala superior anuló esta decisión sobre la base de que el empleado no había sido avisado con anterioridad.

La sentencia que cierra toda posibilidad de recurso, si bien concede la existencia de la violación del artículo 8 del Convenio, no otorga compensación al considerar que la mera declaración era una satisfacción justa y suficiente.

En suma, a través de estas sentencias se cumple el razonamiento de que los textos de derechos humanos son instrumentos vivos y deben ser interpretados acorde a los tiempos, pero también somos conscientes de que algunos textos llevan más de siete décadas con nosotros y requieren una actualización a través de protocolos, enmiendas o convenios específicos en razón de la complejidad de la sociedad internacional de nuestros días.

Prof. Dr Antonio Muñoz Aunión, académico investigador del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

Desembolsos con sentido

En el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se indica que las asociaciones de consumidores “son organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger, informar y educar a los consumidores/as y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes lo soliciten, …”.

En el país su cantidad supera las 100, pudiendo acceder a recursos financieros del Estado, los que desde el 2010 ascienden a $2.345 millones, y que recientemente han sido causa de discusión, inquietud y expresiones en medios, ya que ante la potencial reforma al SERNAC, que incluiría también el aumento de estos fondos, se desconoce el impacto de algunas iniciativas que se desarrollan.

Quizás una de las grandes dudas que surgen en la ciudadanía respecto al uso de los recursos fiscales, ya sea por parte del mismo Estado, los entes que la conforman o las que reciben sus fondos, es si son usados adecuadamente.

En tal sentido, las palabras de W. Edwards Deming, promotor de la idea de la calidad total, “no se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”, deberían tornarse más valiosas en lo público y, por tanto, no debería bastar sólo con validar que: a) el desembolso sea efectivo, b) esté asociado a una actividad autorizada, y c) se encuentre debidamente respaldada, ya que en la relevancia de su naturaleza, debiesen encontrarse asociados a un objetivo que implique un efecto concreto, que mirado desde la concepción de estas organizaciones debería tener un alcance cuantitativo y/o cualitativo que se vincule directamente con el “beneficiario final”, pudiendo expresarse por ejemplo, en el número de defensas y su tasa de éxito, o bien, en el grado de satisfacción por estar informado y/o capacitado para dominar sus derechos, los que en un contexto de evaluación podrían ser rescatados, por ejemplo vía encuestas o entrevistas por un ente independiente, otorgando con ello la transparencia e imparcialidad que requiere el proceso.

Al finalizar, queda una interrogante: ¿habrán más recursos fiscales expuestos a una situación similar?

Mauricio Burgos, director de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Universidad Autónoma de Chile – Temuco