El reciente atentado terrorista en Estocolmo, capital de un Estado miembro de la Unión Europea desde 1995, habría sido ejecutado por un ciudadano de la República de Uzbekistán, cuya solicitud de asilo en Suecia fue rechazada por sus autoridades.
Una consecuencia indirecta de este acto de terror, será una mayor presión para el sistema europeo de derechos fundamentales, alineado -con muchas dificultades- con los principios consagrados por Naciones Unidas y las interpretaciones de sus agencias especializadas.
A pesar de que el ciudadano uzbeco tenía una orden de expulsión europea para su devolución a su país de origen o a un tercero seguro, motivos prácticos hacen que este mandato sea inviable en muchas ocasiones.
Las órdenes de expulsión tienen como destinatarios solicitantes de asilo rechazados, como es este caso, e inmigrantes irregulares. Ellas no implican necesariamente una detención preventiva y cuando esta se da, se exigen unos motivos precisos y claros, un período de tiempo máximo y estándares mínimos para su cumplimiento.
En situaciones como ésta, el difícil binomio derechos humanos-seguridad se manifiesta en su máxima expresión.
El resultado de esta acción terrorista, como otras ocurridas en Europa, es una gota que colma el vaso. A pesar del repudio inmediato de la sociedad civil, debe llevarnos a una profunda reflexión entre seguridad y derechos humamos en tiempos convulsos.
En se ejercicio, se deben evitar los extremismos y la demagogia fácil, que poco hacen por sembrar las semillas de una cohabitación pacífica entre culturas y modelos políticos diversos.
Prof. Dr. Antonio Muñoz Aunión, Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.