El referéndum popular que certifica la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, abre interrogantes respecto a la formalización de la salida.

La UE constituye un modelo de integración cuya complejidad, ideales y compromisos, hacían inviable una salida unilateral y aceptada por el resto de miembros; a lo sumo se podía negar el derecho a voto en circunstancias excepcionales.

Si bien Argelia y Groenlandia lo hicieron antes, el peso y alcance del Reino Unido no tiene parangón.

El artículo 50 del Tratado de la UE prevé un mecanismo de retiro unilateral. En resumen, establece que el país deberá notificar su intención al Consejo Europeo, que a su vez definirá las directrices del acuerdo previa aprobación del Parlamento Europeo, entrando en vigor a más tardar dos años después de la notificación definitiva.

Es un texto intencionadamente redactado en forma imprecisa. No indica fechas ni formas de activar el artículo, lo cual invita a un largo período de incertidumbre a la que no ayuda la dimisión del Primer ministro británico que prorroga la agonía e inestabilidad financiera hasta el próximo otoño.

Una vez que se inicien las negociaciones, que pueden extenderse sine die, la posición británica tendrá que definir qué partes del Tratado desean rescatar para firmar un Acuerdo de Asociación Reforzado con la UE para convertirse en socio privilegiado de la zona Euro.

El epílogo de esa negociación será un claro aviso, tanto al resto de los socios como a aquellos externos, en cuanto a que la salida de la Unión Europea no es una alternativa sin costo.

El Reino Unido amanecerá con un grado de soberanía mayor pero, para bien o para mal, sin el umbral de la solidaridad europea ya preconizada por Robert Schumann en los años cincuenta y eje para la gran transformación que ha sufrido el continente.

Dr. Antonio Muñoz, Instituto de Investigaciones en Derecho, Universidad Autónoma de Chile